En México existe una verdad incómoda que durante años los gobiernos intentaron esconder debajo de la alfombra: el crimen organizado penetró estructuras del poder público. No sólo controla rutas de tráfico de drogas, extorsión o huachicol; también influye en campañas electorales, financia candidatos, intimida alcaldes, condiciona votaciones y decide quién puede o no hacer política en no pocos municipios del país. Negarlo sería absurdo.
Por ello, la intención de la presidenta Claudia Sheinbaum de tratar de blindar los procesos electorales frente a la influencia del narcotráfico merece respaldo. Ninguna democracia puede sobrevivir si los grupos criminales terminan decidiendo gobiernos municipales, congresos locales o gubernaturas. Nadie en su sano juicio puede oponerse a que el Estado mexicano intente sacar al narco de la política.
El problema no es el objetivo. El problema es el diagnóstico y, sobre todo, el diseño jurídico de las iniciativas.
La reforma impulsada desde la Consejería Jurídica de la Presidencia parece partir de una premisa equivocada: asumir que la infiltración del narcotráfico en las elecciones es esencialmente un problema electoral. No lo es. Se trata de un problema de seguridad nacional. Y mientras el gobierno insista en trasladar la responsabilidad al árbitro electoral, seguirá atacando las consecuencias y no las causas profundas de la captura criminal del territorio.
Incluir la relación con el crimen organizado como causal de nulidad de una elección suena atractivo en el discurso político. Es una frase potente para la tribuna, útil para la propaganda y rentable mediáticamente. Pero una democracia no puede construirse a partir de frases efectistas, sino de instituciones claras y procedimientos técnicamente sólidos. Porque en la práctica la propuesta podría convertirse en un desastre jurídico y político.
Bastará una fotografía con un personaje cuestionado, una denuncia anónima, una filtración interesada, un video manipulado o una campaña negra en redes sociales para intentar descarrilar candidaturas completas. En un país polarizado como México, donde la guerra sucia digital se ha convertido en norma cotidiana, la reforma podría abrir la puerta a un círculo perverso de acusaciones mutuas entre todos los partidos, incluidos Morena y sus aliados. El narcotráfico terminaría convertido en instrumento de litigio electoral.
La pregunta central es sencilla: ¿quién determinará la existencia de vínculos criminales? La iniciativa no lo aclara con precisión. Y esa ambigüedad es extremadamente peligrosa.
¿Será suficiente una carpeta de investigación abierta sin sentencia? ¿Una mención en redes sociales? ¿Una declaración periodística? ¿Una investigación de inteligencia? ¿Un señalamiento de autoridades estadounidenses? ¿Una denuncia presentada por un adversario político? ¿Qué estándares probatorios se utilizarán? ¿Quién verificará la autenticidad de la información? ¿El Instituto Nacional Electoral? ¿El Tribunal Electoral? ¿La Guardia Nacional? ¿El Centro Nacional de Inteligencia? ¿Las fiscalías estatales?
La iniciativa parece elaborada con prisa y sin profundidad técnica. Deja demasiados aspectos a la discrecionalidad institucional. Y cuando una ley deposita amplios márgenes de discrecionalidad en órganos políticos o administrativos, inevitablemente se convierte en un instrumento susceptible de abuso.
Más aún: el Estado mexicano simplemente no tiene capacidad operativa para revisar a profundidad los antecedentes patrimoniales, financieros, familiares y de seguridad de miles de aspirantes a cargos públicos en tiempo real. Pensar lo contrario es voluntarismo político.
México celebra elecciones gigantescas. Tan sólo en procesos concurrentes se registran decenas de miles de candidaturas entre alcaldías, sindicaturas, diputaciones locales, regidurías, gubernaturas y diputaciones federales. Pretender que el aparato estatal puede auditar con rigor a todos los aspirantes durante las campañas resulta poco realista.
El riesgo es enorme.
Una reforma mal diseñada puede terminar convirtiendo las elecciones en una batalla de expedientes, filtraciones y sospechas permanentes. Las campañas ya no se decidirían en las urnas, sino en oficinas de inteligencia, redes sociales, medios de comunicación y tribunales saturados de denuncias cruzadas.
Y eso no fortalecería la democracia: la debilitaría todavía más.
Porque conviene decirlo con claridad: detener la infiltración del narco en la política no es responsabilidad del INE ni del Tribunal Electoral. Corresponde al Estado mexicano en su conjunto y, particularmente, a las áreas de seguridad nacional e inteligencia financiera.
El combate real debe comenzar mucho antes de las campañas electorales.
Debe enfocarse en desmantelar redes de protección política, rastrear flujos financieros ilícitos, investigar patrimonios inexplicables, recuperar territorios bajo control criminal, depurar policías municipales coludidas y romper estructuras económicas regionales que permiten la expansión del crimen organizado.
Cuando en ciertas regiones del país un grupo criminal decide quién puede hacer campaña, quién puede colocar propaganda o quién puede recorrer comunidades, entonces el problema ya rebasó al sistema electoral. Lo que está en riesgo no es solamente una elección: es la soberanía efectiva del Estado mexicano.
Y ahí está el verdadero debate de fondo.
Algo similar ocurre con la iniciativa impulsada por el coordinador parlamentario morenista Ricardo Monreal para impedir la injerencia extranjera en los procesos internos de México.
Por supuesto que ningún mexicano patriota desea que gobiernos extranjeros, corporaciones internacionales o grupos de presión externos influyan en las decisiones nacionales. La historia mexicana está llena de episodios de intervención, espionaje, financiamiento político externo y presiones diplomáticas.
Desde las invasiones extranjeras del siglo XIX hasta las operaciones encubiertas de agencias estadounidenses durante la Guerra Fría, México conoce perfectamente los riesgos de la injerencia extranjera. Nadie puede minimizar ese problema.
Sin embargo, nuevamente parece cometerse el mismo error conceptual: intentar resolver mediante normas electorales un problema que pertenece al ámbito de la seguridad nacional, la diplomacia y la inteligencia del Estado.
La propuesta de Monreal tampoco explica con claridad cómo podría tipificarse la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral.
¿Se considerará intervención una declaración crítica de un senador estadounidense? ¿Una visita de legisladores extranjeros? ¿Un posicionamiento de organismos internacionales? ¿La publicación de reportajes financiados desde el exterior? ¿Transferencias ilegales de recursos? ¿Campañas digitales operadas desde otros países? ¿Presiones diplomáticas? ¿Opiniones de académicos internacionales?
La línea entre libertad de expresión, diplomacia, cooperación internacional e intervención extranjera puede volverse extremadamente difusa.
Y precisamente por ello se requiere legislar con enorme cuidado.
De lo contrario, cualquier crítica internacional podría convertirse en argumento para impugnar elecciones o desatar conflictos diplomáticos innecesarios. Una democracia sólida no puede vivir permanentemente bajo paranoia soberanista.
Además, existe otro riesgo: que estas reformas terminen utilizándose selectivamente contra adversarios políticos mientras se ignoran conductas similares de aliados o gobiernos afines ideológicamente.
La historia latinoamericana está llena de leyes diseñadas supuestamente para proteger la soberanía que terminaron utilizadas para restringir libertades políticas o desacreditar opositores.
México no debe caer en ese camino.
Porque el verdadero problema no se resolverá con nuevas causales de nulidad electoral. El desafío es mucho más profundo: reconstruir la capacidad del Estado mexicano para ejercer control territorial, garantizar seguridad pública y proteger la autonomía de las instituciones frente a poderes criminales o intereses externos.
Eso exige inteligencia financiera seria, coordinación internacional profesional, fortalecimiento de fiscalías, profesionalización policial y una política integral de seguridad nacional.
No basta el voluntarismo legislativo.
Tampoco bastan discursos patrióticos.
Mucho menos reformas hechas al vapor.
La tentación de responder a crisis complejas mediante soluciones espectaculares pero técnicamente débiles es enorme en cualquier gobierno. Sobre todo en contextos de polarización política. Pero legislar con prisa suele producir leyes ambiguas, contradictorias o inaplicables que terminan generando más problemas de los que pretendían resolver.
México necesita una discusión madura sobre la infiltración del narco en la política y sobre la injerencia extranjera en asuntos internos. Ambas amenazas existen y deben tomarse con absoluta seriedad. Pero precisamente porque son asuntos delicados, requieren diagnósticos precisos y soluciones institucionales sólidas.
La soberanía no se protege improvisando.
La democracia tampoco se fortalece convirtiendo cada elección en una guerra de acusaciones.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio: blindar al Estado mexicano frente al crimen organizado y frente a intereses extranjeros sin destruir garantías democráticas básicas ni convertir las campañas en tribunales permanentes de sospecha.
Porque si el remedio termina erosionando la confianza en las elecciones, debilitando derechos políticos y multiplicando litigios, entonces el país podría descubrir demasiado tarde que, intentando salvar la democracia, terminó dañándola aún más.
Eso pienso yo, usted qué opina. La Política es de Bronce.
@onelortiz
