Más de 6 mil 200 niñas, niños y adolescentes migrantes han sido detenidos en centros federales de Estados Unidos durante el segundo gobierno de Donald Trump, como parte del endurecimiento de su política migratoria. De acuerdo con un análisis de The Marshall Project, el número de menores bajo custodia se elevó de manera significativa frente al cierre de la administración de Joe Biden, mientras organizaciones civiles, especialistas médicos y legisladores han advertido sobre las consecuencias físicas y psicológicas de estas medidas.
El reporte señala que en promedio 226 menores permanecen detenidos cada día, una cifra que refleja el uso creciente de centros de detención para familias migrantes. Diversos legisladores demócratas han denunciado que estas prácticas forman parte de una campaña de deportaciones masivas que afecta directamente a la infancia, especialmente cuando niñas y niños presencian arrestos de sus padres, separaciones familiares o condiciones de encierro prolongadas.
Aunque el acuerdo Flores de 1997 establece límites para la detención de menores y condiciones básicas de bienestar, investigadores documentaron que más de mil 600 niños habrían permanecido detenidos por más de 20 días, incluso durante varios meses. También se han presentado quejas por condiciones insalubres, falta de atención médica adecuada y ausencia de espacios mínimos para el desarrollo infantil dentro de algunos centros.
La situación se extiende más allá de los menores detenidos directamente. Un informe de Brookings Institution calcula que más de 205 mil niños han sufrido la detención de al menos uno de sus padres desde el inicio del actual gobierno de Trump, y que cerca de 145 mil de ellos son ciudadanos estadounidenses. El mismo análisis advierte que no existe un mecanismo sistemático para proteger a estos menores ni una institución claramente responsable de su bienestar tras los arrestos realizados por ICE.
El antecedente más grave se remonta al primer gobierno de Trump, cuando más de 5 mil 500 menores fueron separados por la fuerza de sus familias bajo la política de “Cero tolerancia”. Años después, Human Rights Watch reportó que más de mil 300 niñas y niños aún no habían sido reunificados con sus padres, debido a la falta de un sistema eficaz de rastreo y seguimiento.
Organizaciones médicas, pediatras y defensores de derechos humanos han insistido en que ningún menor debería permanecer detenido por motivos migratorios, debido al daño psicológico y emocional que puede producir el encierro, incluso por periodos breves. En ese contexto, Estados Unidos sigue siendo el único país miembro de la ONU que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que aumenta los cuestionamientos internacionales sobre el trato que reciben las infancias migrantes bajo su política de control fronterizo.
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