La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acudió a instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, en medio de la investigación por la presencia de agentes de la CIA en un operativo relacionado con un narcolaboratorio en la entidad. Aunque fue citada en calidad de testigo, su asistencia terminó rodeada de dirigentes nacionales del PAN, legisladores y simpatizantes, lo que convirtió una diligencia ministerial en un acto de respaldo político.
Campos acusó que la FGR pretende fabricarle un caso y sostuvo que fue llamada bajo la figura de testigo con la intención de tratarla después como inculpada. La mandataria buscó colocar el caso en el terreno de la persecución política, al señalar que el citatorio habría violado procedimientos legales y que las instituciones federales estarían siendo utilizadas contra gobiernos opositores.
Sin embargo, el contexto de la investigación rebasa el discurso partidista. El expediente está relacionado con un operativo antinarcóticos en Chihuahua en el que presuntamente participaron agentes de inteligencia de Estados Unidos, un tema sensible por sus implicaciones en materia de soberanía, seguridad pública y coordinación entre autoridades locales, federales y extranjeras.
La presencia del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, elevó el tono político del caso. El líder panista defendió públicamente a Campos y advirtió que su partido cerrará filas con ella, mientras otros integrantes del blanquiazul acusaron al gobierno federal de usar a la FGR como herramienta de presión. Con ello, el PAN buscó instalar una narrativa de hostigamiento antes de que se aclarara el fondo de la investigación.
Más allá de la defensa partidista, el caso deja preguntas abiertas para el gobierno de Chihuahua. La administración de Maru Campos deberá explicar qué conocimiento tuvo del operativo, qué coordinación existió con autoridades federales y bajo qué condiciones habrían participado agentes estadounidenses en territorio estatal. La discusión no se limita a la gobernadora, sino al papel institucional de su gobierno en un episodio de alto impacto.
Jáuregui sí comparece en Juárez mientras crece la presión por el caso CIA
Mientras Campos acudió a la FGR en la Ciudad de México, el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, se presentó ante la delegación de la Fiscalía en Ciudad Juárez para declarar como testigo. Su comparecencia forma parte de la misma investigación sobre el narcolaboratorio y la presunta intervención de agentes de la CIA, además de la muerte de dos agentes estadounidenses y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación.
Jáuregui, quien renunció al cargo el 27 de abril, llegó acompañado por su equipo legal y escoltas, en medio de manifestaciones de simpatizantes panistas. A diferencia del despliegue político en torno a Campos, el exfiscal acudió a cumplir el requerimiento ministerial, aunque su llegada también estuvo marcada por movilizaciones, jaloneos y expresiones de respaldo de dirigentes locales del PAN.
El ambiente en Ciudad Juárez mostró que el caso también fue trasladado al terreno de la confrontación política local. Simpatizantes panistas defendieron a Campos y a Jáuregui, mientras algunas voces justificaron incluso la intervención de agentes extranjeros para combatir al crimen organizado, una postura que abre un debate mayor sobre los límites de la cooperación internacional y la soberanía nacional.
La investigación de la FGR mantiene bajo escrutinio a figuras clave del gobierno de Chihuahua y al PAN, que ha respondido con una estrategia de cierre de filas y denuncia política. El fondo del caso, sin embargo, sigue siendo esclarecer quién autorizó el operativo, qué papel tuvieron las autoridades estatales y por qué agentes estadounidenses habrían intervenido en acciones de seguridad dentro del país.
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