El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que más de 10 millones de barriles de petróleo venezolano han sido entregados a Estados Unidos desde el 3 de enero, como parte del esquema de control energético impulsado por el gobierno de Donald Trump. El funcionario presentó la medida durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, donde aseguró que la industria petrolera venezolana atraviesa un proceso de reorganización bajo supervisión estadounidense.
Rubio sostuvo que el crudo venezolano se está vendiendo en el mercado a precios comerciales y que los recursos obtenidos son depositados en una cuenta ubicada en Estados Unidos. De acuerdo con el secretario de Estado, ese dinero queda bajo control y supervisión del Departamento del Tesoro, además de ser auditado por la firma KPMG, con el argumento de evitar desvíos y garantizar que los fondos sean utilizados en beneficio del pueblo venezolano.
El mecanismo forma parte de una política más amplia de Washington sobre Venezuela, luego de que la administración Trump asumiera un papel directo en el manejo de los ingresos petroleros del país sudamericano. Rubio ha defendido este esquema como una medida temporal para estabilizar la economía venezolana, aunque también ha generado cuestionamientos sobre el alcance del control estadounidense sobre recursos estratégicos de otra nación.
Desde enero, funcionarios de Estados Unidos han explicado que los ingresos por ventas de petróleo venezolano serían canalizados a cuentas supervisadas por Washington y destinados inicialmente a servicios básicos. La administración Trump sostiene que el dinero debe utilizarse para cubrir necesidades como salud, seguridad y salarios públicos, mientras mantiene la vigilancia sobre el flujo de recursos como parte de su estrategia de transición política en Venezuela.
La medida también ha sido observada por legisladores estadounidenses, quienes han pedido explicaciones sobre la autoridad legal del Departamento del Tesoro para administrar fondos provenientes del petróleo venezolano. El manejo de estos ingresos abre interrogantes sobre soberanía, control económico y transparencia, especialmente porque se trata de recursos generados por una industria clave para Venezuela y bajo supervisión directa de un gobierno extranjero.
Rubio insistió en que el dinero del petróleo no está siendo robado y que, por primera vez, se administra bajo un sistema auditado y supervisado. Sin embargo, el esquema confirma el peso que Estados Unidos ha adquirido sobre la economía venezolana, al controlar no solo el flujo de petróleo hacia su territorio, sino también la administración de los ingresos que genera una de las principales fuentes de riqueza del país sudamericano.
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