El gobierno de Tlaxcala, encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros, envió al Congreso local una iniciativa que busca modificar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado, con la intención de acelerar la revisión de las cuentas públicas y evitar rezagos durante los periodos de transición gubernamental, cuando normalmente los dictámenes se atrasan o se heredan a la siguiente legislatura.
La propuesta plantea un rediseño en los tiempos de auditoría, especialmente en el último tramo no solo de las gestiones estatales, sino también legislativas y municipales, con el objetivo de que los resultados no se extiendan más allá del proceso de entrega-recepción.
El planteamiento obliga al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) a ajustar su calendario de trabajo para emitir observaciones e informes en plazos más reducidos, lo que permitiría que el Congreso en funciones determine la aprobación o rechazo de las cuentas públicas dentro del mismo periodo.
En este esquema, las observaciones a los entes fiscalizables se notificarían el 20 de julio, lo que reduce el margen de análisis técnico. A partir de ello, los sujetos obligados tendrían un plazo de 10 días naturales para solventarlas, un periodo más corto que el actual, lo que comprime la etapa de aclaraciones y defensa del gasto ejercido.
Posteriormente, el órgano fiscalizador entregaría los informes individuales del Poder Ejecutivo y Legislativo el 18 de agosto, mientras que en el caso de los municipios el proceso concluiría el 1 de octubre, bajo un calendario escalonado que busca dar mayor orden a la revisión y dictaminación de las cuentas públicas.
La propuesta también establece que toda la documentación comprobatoria de las cuentas públicas municipales se entregue en formato digital, con firmas electrónicas de los funcionarios responsables, como alcaldes y tesoreros, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad y el control de los recursos públicos.
La iniciativa ya fue aprobada por las Comisiones Unidas de Finanzas y Fiscalización, y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado, y continuará su trámite en el Pleno, donde se definirá si este nuevo calendario de fiscalización se implementa en los próximos ejercicios de revisión.
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