La justicia federal avanzó en el caso contra la organización conocida como “Del Caballito”, luego de que un juez federal en Michoacán vinculara a proceso a ocho presuntos integrantes de esta red investigada por operaciones con recursos de procedencia ilícita y emisión de comprobantes fiscales falsos.
De acuerdo con las indagatorias, la organización habría utilizado empresas facturadoras para mover recursos dentro del sistema financiero y transferirlos a compañías beneficiadas, con el propósito de ocultar el origen del dinero y evadir obligaciones tributarias, generando afectaciones a la hacienda pública.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal imputó a los detenidos por su probable participación en la expedición de comprobantes fiscales falsos. Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso judicial.
Sin embargo, las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que la definición de diversos aspectos de su situación jurídica continuará en los próximos días ante las autoridades competentes.
En conferencia de prensa, el vocero de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara López, recordó que la semana pasada autoridades federales ejecutaron 40 cateos simultáneos en inmuebles ubicados en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán, como parte de la investigación contra esta estructura presuntamente dedicada a la evasión fiscal.
Durante esos operativos fueron detenidos Michael “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”. Asimismo, las autoridades aseguraron inmuebles y documentación relacionada con las operaciones financieras bajo investigación.
Lara López destacó que el caso es resultado de la coordinación entre distintas instancias federales encargadas de la investigación de delitos fiscales y financieros, así como de labores de inteligencia orientadas a combatir esquemas de simulación que afectan la recaudación pública.
Según explicó el funcionario, los integrantes de “Del Caballito” ofrecían a diversas empresas mecanismos para reducir o eludir cargas fiscales mediante estructuras corporativas diseñadas para aparentar operaciones legales.
“Una vez diseñados los esquemas específicos para dar a sus clientes el servicio correspondiente, constituían empresas fachada, realizaban deducciones con clientes reales y posteriormente distribuían los beneficios obtenidos”, indicó Ulises Lara López.
Las investigaciones señalan que la organización operaba mediante al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas. Sus domicilios fiscales se encontraban principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que revela una estructura con presencia en distintas entidades del país.
De acuerdo con la FGR, las empresas vinculadas a la red ofrecían servicios de planeación laboral y asesoría financiera que posteriormente derivaban en esquemas de facturación simulada, dispersión de recursos y pago de nómina con presuntas irregularidades fiscales.
El vocero recordó que estas conductas están tipificadas en el Código Fiscal de la Federación y pueden alcanzar penas de hasta nueve años de prisión cuando se acredita la expedición de comprobantes fiscales falsos.
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