A pocos días de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella, Gustavo Petro ha decidido cerrar su mandato con una definición política sin zigzagueos. Lejos de optar por una retirada silenciosa, el presidente colombiano ha endurecido su discurso antiimperialista frente a Estados Unidos e Israel, ha reivindicado la movilización popular como la principal herramienta de resistencia y ha colocado el debate sobre la soberanía en el centro de la discusión nacional.
Desde la jornada electoral, Petro ha sostenido que los comicios estuvieron marcados por una serie de operaciones destinadas a alterar la voluntad popular desde los grandes poderes económicos. Sus denuncias van desde la denominada Operación Júpiter, que identifica como una estrategia de desinformación orquestada desde Estados Unidos contra su gobierno y contra el entonces candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, hasta la intervención de la empresa israelí NSO Group en el sistema electoral mediante la manipulación de actas y procesos informáticos.
Petro afirmó que Colombia habría sido víctima de un fraude electoral algorítmico y sistemático capaz de alterar cerca de siete millones de votos con el objetivo de imponer la victoria de Abelardo de la Espriella.
No se trata únicamente de una denuncia sobre irregularidades electorales. Lo que Petro plantea es la existencia de una arquitectura mucho más amplia: una combinación de guerra digital, campañas de desinformación y tecnologías de vigilancia que hoy forman parte de los nuevos mecanismos de intervención política en América Latina por parte de Washington.
El pasado 3 de agosto, el aún presidente ofreció una rueda de prensa ante medios nacionales e internacionales para ampliar las denuncias que previamente había difundido en sus canales oficiales. Ahí afirmó que Colombia habría sido víctima de un fraude electoral algorítmico y sistemático capaz de alterar cerca de siete millones de votos con el objetivo de imponer la victoria de Abelardo de la Espriella.
Las declaraciones de Petro no solo cuestionan el resultado de una elección, también interpelan el papel de los actores internacionales que, desde hace décadas, han convertido a América Latina en un laboratorio permanente de intervención política. Porque cuando un mandatario habla de espionaje, manipulación informática e injerencia extranjera, el debate deja de ser exclusivamente electoral y se convierte en una discusión sobre quién ejerce realmente el poder dentro de un Estado.
Por ello no resulta casual que Petro haya afirmado que Colombia «se ha convertido en una colonia» y que el país atraviesa «la peor crisis de soberanía nacional desde que fue conquistado con el ejército de Bolívar». La frase no pretende ser únicamente una consigna política; busca describir un escenario en el que las decisiones fundamentales dejan de responder exclusivamente a la voluntad del pueblo colombiano para quedar condicionadas por intereses económicos, tecnológicos y geopolíticos externos.
Ese posicionamiento también explica uno de sus últimos movimientos como jefe de Estado. Frente al anuncio de Abelardo de la Espriella de romper relaciones diplomáticas con Cuba, Petro decidió viajar a La Habana antes de concluir su mandato. En medio del recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, expresó públicamente su respaldo al presidente Miguel Díaz-Canel e hizo un llamado a la comunidad internacional para solidarizarse con el pueblo cubano.
No fue un gesto protocolario. Fue una declaración política. Cuba no solo ha formado a más de dos mil médicas y médicos colombianos, sino que además desempeñó un papel decisivo como garante de los diálogos de paz que desembocaron en el Acuerdo de 2016. Defender esa relación implica también defender una parte de la historia reciente de Colombia.
Por eso Gustavo Petro parece haber asumido un papel que trasciende el final de su mandato. Más que defender un gobierno, ha decidido colocar la discusión sobre la soberanía en el centro del debate continental. Su mensaje interpela a toda la región: si los pueblos pierden el control de sus procesos democráticos, de sus sistemas tecnológicos y de sus instituciones, también pierden la capacidad de decidir su propio futuro.
La historia latinoamericana demuestra que ninguna forma de dominación es permanente cuando los pueblos deciden organizarse. Esa ha sido la constante desde las luchas independentistas hasta las revoluciones modernas. Quizá por eso, más allá de quién ocupe la Casa de Nariño, la verdadera disputa que comienza en Colombia no será únicamente por el gobierno de un país, sino por el derecho de América Latina a ejercer plenamente su soberanía en un mundo donde las nuevas formas de intervención son cada vez más difíciles de combatir.
Fotografía: Diario Red
