Zacatlán se posicionó como el municipio con mayor incidencia de denuncias por delitos ambientales en Puebla durante el primer cuatrimestre de 2026, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp). Esto refleja una presión creciente sobre zonas con riqueza natural, cuerpos de agua y ecosistemas vulnerables en la entidad.
Entre enero y abril, ocho de los 217 municipios poblanos concentraron 10 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por este tipo de ilícitos. Aunque la cifra estatal es menor en comparación con el mismo periodo del año anterior, los registros muestran que las afectaciones ambientales se mantienen focalizadas en determinadas regiones, principalmente donde existen disputas o riesgos asociados al uso de recursos naturales.
El listado lo encabeza Zacatlán, con tres denuncias registradas: una en enero y dos en marzo. Con ello, el municipio serrano se colocó como el principal punto de incidencia ambiental en Puebla durante el arranque de 2026, por encima de otras demarcaciones de la Sierra Norte y zonas con antecedentes de conflictos ecológicos.
Después de Zacatlán aparecen Chignahuapan, Tetela de Ocampo, Venustiano Carranza, Huauchinango, Pahuatlán, Huitzilan de Serdán e Oriental, cada uno con una denuncia. La presencia de varios municipios serranos en el registro refleja la necesidad de reforzar la vigilancia ambiental en regiones donde la actividad humana, la disposición de residuos, el aprovechamiento de recursos y la expansión urbana pueden generar impactos directos.
Las denuncias por delitos ambientales pueden abarcar afectaciones a cuerpos de agua, suelo, calidad del aire, flora y fauna, así como conductas que dañen o pongan en riesgo los ecosistemas. Estos ilícitos no sólo afectan el entorno natural, sino que también pueden comprometer la salud de comunidades cercanas, la productividad agrícola y el acceso a recursos básicos como agua limpia y suelo en condiciones adecuadas.
Ríos contaminados y basureros clandestinos, focos de alerta ambiental
Entre las problemáticas ambientales más visibles en Puebla se encuentra la contaminación de afluentes, particularmente en los ríos Atoyac y Alseseca, históricamente señalados por descargas contaminantes. En torno a estos cuerpos de agua han existido denuncias por descargas de origen industrial, entre ellas del sector textil, así como señalamientos relacionados con el saneamiento y el manejo de aguas residuales.
A estos casos se suman cuestionamientos hacia Agua de Puebla por presuntos incumplimientos en materia de saneamiento vinculados con la contaminación de afluentes, un tema que ha permanecido en el debate público por su impacto ambiental y social. La calidad del agua en estos ríos sigue siendo una de las principales preocupaciones para habitantes, colectivos y organizaciones ambientales.
Otra problemática recurrente es la aparición de basureros clandestinos en distintos municipios. En estos puntos no sólo se depositan residuos sólidos urbanos, sino también desechos electrónicos, escombros e incluso restos de animales, lo que puede generar riesgos sanitarios, contaminación del suelo y afectaciones a cultivos o viviendas cercanas.
Aunque el reporte del Sesnsp muestra una disminución frente al primer cuatrimestre de 2025, cuando se iniciaron 13 carpetas de investigación por delitos ambientales en Puebla, la incidencia persiste. La reducción numérica no elimina la necesidad de atender estos casos, especialmente porque muchas afectaciones ecológicas tardan años en revertirse y pueden extenderse más allá del municipio donde se originan.
En Puebla, los delitos contra el medio ambiente pueden ser sancionados con penas de uno a 10 años de prisión, dependiendo de la gravedad de la conducta, además de multas económicas y la obligación de reparar el daño ambiental. Sin embargo, para que estas sanciones sean efectivas, las denuncias deben investigarse, acreditarse y traducirse en acciones de restauración.
Las cifras colocan a Zacatlán como el principal foco de atención durante el inicio de 2026, pero también muestran que la vigilancia ambiental debe fortalecerse en toda la entidad. Más allá del número de denuncias, el reto está en prevenir daños, sancionar a quienes resulten responsables y garantizar que la protección del medio ambiente no quede sólo en expedientes abiertos.
Foto: Agencia Enfoque
