La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, señaló que el crecimiento del huachicol fiscal comenzó después de la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto en 2013, al abrirse la importación privada de combustibles. Explicó que este delito consiste en introducir hidrocarburos mediante evasión fiscal o declaraciones falsas para evitar el pago de impuestos.
De acuerdo con Montiel, desde 2014 comenzaron a proliferar autorizaciones con vigencia de hasta 20 años para importar combustibles, principalmente desde Estados Unidos. Añadió que al cierre del gobierno priista se habían otorgado más de mil 370 permisos, lo que, desde su perspectiva, generó las condiciones para expandir mecanismos irregulares de comercialización.
La morenista sostuvo que los gobiernos posteriores limitaron esas autorizaciones; sin embargo, empresas privadas recurrieron al Poder Judicial para conservarlas. Entre ellas mencionó a Ingemar, compañía relacionada con el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo, actualmente procesado por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico ilegal de combustibles.
Amparos protegieron permisos cuestionados durante años
Montiel detalló que Ingemar promovió amparos entre 2020 y 2024, mediante los cuales la Secretaría de Energía fue obligada a restituir permisos pese a las irregularidades detectadas desde 2019. Las cuatro autorizaciones señaladas permitían importar más de 491 millones de litros de gasolina y siete millones de litros de turbosina, queroseno y mezclas.
La dirigente afirmó que la investigación no terminará con Ruffo y que la Fiscalía General de la República deberá profundizar en la presunta red involucrada. Indicó que el expediente contempla alrededor de 25 personas, de las cuales siete habrían sido detenidas, aunque corresponderá a las autoridades judiciales determinar responsabilidades y garantizar el debido proceso.
Mientras avanza el caso, expresidentes y exgobernantes de derecha agrupados en el Grupo IDEA calificaron la detención como persecución política. Entre los firmantes aparecen Vicente Fox, Felipe Calderón, José María Aznar, Mariano Rajoy, Álvaro Uribe y Mauricio Macri. La defensa internacional de Ruffo busca colocar el caso como un ataque a la oposición, mientras la FGR investiga una posible red de tráfico ilegal de combustibles.
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