Después de más de dos décadas, Bolivia vuelve a vivir un Estado de excepción a nivel nacional. La última vez que se recurrió a esta medida de control y presión fue en el año 2000, durante la llamada Guerra del Gas, bajo el gobierno del exdictador Hugo Bánzer Suárez. Hoy, la firma del decreto lleva la rúbrica del presidente Rodrigo Paz y responde a más de 50 días de bloqueos y movilizaciones que exigen su renuncia, acusado de incapacidad para gobernar, de impulsar medidas económicas privatizadoras y de aplicar políticas antipopulares.
El detonante: ruptura del diálogo con los mineros
Quienes encabezaron las protestas contra el Gobierno fueron los campesinos de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”. El pasado viernes 19 de junio, esta organización declaró “traidor” al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, el minero Mario Argollo, quien días antes participaba activamente en las medidas de presión, pero luego se reunió con Paz para intentar un diálogo que evitara la declaratoria de excepción.
Horas después de firmar un acuerdo con los mineros, el mandatario rompió el primer punto de la negociación y, al amanecer del sábado, impuso el Estado de excepción, que suspende los derechos de locomoción, circulación, tránsito y reunión en todo el territorio
Sin embargo, apenas horas después de firmar un acuerdo con los mineros, el mandatario rompió el primer punto de la negociación y, al amanecer del sábado, impuso el Estado de excepción, que suspende los derechos de locomoción, circulación, tránsito y reunión en todo el territorio.
“He agotado todas las instancias de diálogo”, justificó Paz en su anuncio, al tiempo que la nación sudamericana acumulaba ya más de 50 días de crisis social y carreteras bloqueadas.
Campesinos en alerta, pero sin movilización territorial
Ante la medida, tanto los cocaleros del Trópico —bastión político de Evo Morales— como las 20 provincias aymaras de La Paz agrupadas en la “Túpac Katari” decidieron pasar a un cuarto intermedio, aunque manteniéndose en estado de alerta. La decisión incluyó la desmovilización de sus bases sociales y la liberación de las vías, con el fin de evitar un escalamiento del enfrentamiento.
No obstante, la Federación suspendió el Ampliado Departamental de Emergencia convocado para este lunes y declaró a sus organizaciones afiliadas en “alerta máxima, vigilia y movilización orgánica permanente”. En un comunicado, explicaron que la suspensión responde a los “últimos acontecimientos políticos” y a la decisión de la Asamblea Legislativa de respaldar el Estado de excepción, lo que calificaron como “profunda indignación” y “abierta traición a las demandas de los pueblos indígena originario campesinos”.
La organización rechazó cualquier resolución que no cuente con el respaldo de las bases sociales y subrayó que “toda decisión adoptada sin consulta ni consenso con las 20 provincias vulnera los principios de respeto, participación y autodeterminación”.
La vicepresidencia se distancia y pide escuchar al pueblo
Esta postura fue reforzada por el vicepresidente Edmand Lara, quien emitió un comunicado en el que aseguró que hoy no hay bloqueos en las carreteras y atribuyó la pausa al “cansancio y dignidad” del pueblo, no al Gobierno. Asimismo, advirtió que la crisis de gasolina y el desabastecimiento persisten, y pidió al presidente Paz escuchar a la ciudadanía y cumplir lo firmado. “Bolivia no quiere más decretos. Quiere gasolina”, sentenció en su mensaje.
Estados Unidos respalda al Gobierno y coopera para armar al gobierno de Paz
En el plano internacional, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia informó este martes que el encargado de Negocios, Deb Martini, expresó el “firme apoyo” de su país al Gobierno de Paz y al pueblo boliviano durante una reunión con el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
Según la representación diplomática, el encuentro abordó también la cooperación bilateral en seguridad y el fortalecimiento de la Policía Boliviana, incluida la entrega de equipamiento ya realizada y futuros aportes.
El vicepresidente Edmand Lara, emitió un comunicado en el que aseguró que hoy no hay bloqueos en las carreteras y atribuyó la pausa al “cansancio y dignidad” del pueblo, no al Gobierno
El Departamento de Estado de EE.UU., en una declaración conjunta con Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú, calificó los intentos de derrocar al Gobierno boliviano como una “grave amenaza al orden constitucional y a la estabilidad democrática”. Añadió que “una minoría violenta” busca ignorar la voluntad expresada por la mayoría en las recientes elecciones.
El escenario actual muestra una tregua frágil: las movilizaciones se han desactivado en las rutas, pero el Estado de excepción sigue vigente y los problemas de precios de la canasta básica, la escasez de gasolina y la conflictividad política no cesan.
El Gobierno insiste en la necesidad de la medida para garantizar el orden, mientras los sectores campesinos e indígenas advierten que la “alerta máxima” puede derivar en nuevas acciones si no se atienden sus demandas. La vicepresidencia, con sus declaraciones públicas, evidencia la profundidad de las fisuras con el Ejecutivo, y en el respaldo internacional, EE.UU. refuerza la posición de Paz.
Foto: Diario Red
