La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, enfrenta nuevos señalamientos por los cruces entre su patrimonio personal, una empresa inmobiliaria y contratos públicos otorgados en la entidad. De acuerdo con documentos patrimoniales y registrales, la mandataria declaró tener 98 por ciento de participación en Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, empresa que habría recibido recursos públicos durante su administración.
En su declaración patrimonial más reciente, Campos Galván reconoció ser accionista mayoritaria de dicha compañía, aunque reportó no recibir remuneración por esa participación. Sin embargo, en el Registro Público de Comercio no habría constancia de que la gobernadora aparezca formalmente como accionista, lo que abre dudas sobre la estructura de la empresa y el control real de sus operaciones.
El caso tomó mayor relevancia porque la misma inmobiliaria aparece relacionada con documentos de uno de los lotes de la llamada Mansión Dorada, residencia de lujo ubicada en el fraccionamiento Bosques de San Francisco. Según registros referidos en la investigación, un avalúo asentó a Administradora Inmobiliaria de Chihuahua como propietaria de uno de los inmuebles vinculados posteriormente a la herencia de la mandataria.
Otro punto señalado es que Víctor Manuel Cruz Russek, esposo fallecido de Campos Galván, habría prestado dinero a la empresa y después le heredó a la gobernadora el derecho a cobrar esa deuda. En su declaración de 2026, la mandataria registró derechos de cobro por más de cinco millones 700 mil pesos, lo que la colocaría en una posición delicada frente a la compañía donde declara tener participación mayoritaria.
Además, la inmobiliaria habría adquirido propiedades relacionadas con Mykonos, empresa vinculada al exfuncionario duartista José Luis García Mayagoitia, entre ellas bodegas, un lote residencial y un local comercial. Estas operaciones alimentan los cuestionamientos sobre los vínculos entre la derecha chihuahuense, redes empresariales heredadas del duartismo y el crecimiento patrimonial alrededor del poder político.
La información también apunta a que Administradora Inmobiliaria de Chihuahua recibió contratos de arrendamiento con instancias públicas municipales y estatales, incluidos un instituto municipal y un fideicomiso dependiente del gobierno estatal. Aunque los montos reportados no son millonarios, el caso coloca nuevamente bajo presión a Maru Campos por los posibles cruces entre gobierno, negocios privados y patrimonio personal.
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