Autoridades financieras de México y Estados Unidos sancionaron de manera coordinada a una red de personas y empresas presuntamente involucradas en huachicol fiscal y relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo que apunta a estructuras empresariales usadas para mover combustible, ocultar recursos y evadir controles fiscales.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a dos personas mexicanas y nueve empresas señaladas por presuntamente participar en operaciones de contrabando transfronterizo de combustible. Según las autoridades, la red habría utilizado documentos aduaneros falsos, compañías fachada y actividades comerciales para facilitar la entrada irregular de hidrocarburos a México.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera tuvo un papel clave al analizar a las personas y compañías señaladas por la OFAC e identificar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los movimientos observados en el sistema financiero. Tras ese análisis, la UIF incorporó a los señalados a la lista de personas bloqueadas y amplió las medidas a otros sujetos relacionados.
La investigación apunta a que la red habría operado mediante empresas de transporte, logística, servicios financieros y comercialización de hidrocarburos, sectores que presuntamente sirvieron para ocultar, movilizar y dispersar recursos. Las autoridades mexicanas también detectaron posibles transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y adquisición de bienes de alto valor, elementos que reforzaron las acciones de bloqueo financiero.
Entre los señalados aparecen Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagomez, a quienes las autoridades atribuyen distintos papeles dentro del presunto esquema financiero y logístico. Las empresas sancionadas incluyen compañías de transporte, servicios cambiarios, inmobiliarias y firmas relacionadas con operaciones de carga, algunas ubicadas en México y otra con sede en Reino Unido.
La acción conjunta muestra la cooperación de México con autoridades internacionales para debilitar las estructuras financieras que sostienen el robo, contrabando y comercialización ilícita de hidrocarburos. En este caso, el papel de la UIF fue central para seguir la ruta del dinero, bloquear cuentas y cerrar espacios al uso del sistema financiero por redes presuntamente vinculadas con el crimen organizado.
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