Un tribunal federal en Boston inició este lunes un juicio histórico que podría definir los límites de la libertad de expresión en Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. La demanda, presentada por asociaciones académicas y organizaciones de derechos civiles, acusa a la Casa Blanca de impulsar una política de deportaciones ideológicas contra estudiantes y profesores extranjeros que han expresado públicamente su apoyo al pueblo palestino.
El caso pone en tela de juicio si la administración actual está usando el aparato migratorio como herramienta de represión política, en un intento por silenciar la disidencia en los campus universitarios.
La política del miedo
Entre los casos mencionados se encuentra el del estudiante Mahmoud Khalil, graduado de Columbia, quien pasó más de 100 días detenido tras participar en una protesta pacífica, y el de Rumeysa Öztürk, detenida después de publicar un artículo sobre la masacre en Gaza.
Organizaciones como el Knight First Amendment Institute aseguran que la política migratoria se está aplicando de forma selectiva y con motivaciones políticas, generando un clima de miedo y autocensura entre estudiantes y académicos extranjeros.
¿Se viola la Primera Enmienda?
El gobierno de Trump sostiene que puede limitar ciertos discursos por razones de “seguridad nacional” cuando se trata de personas no ciudadanas. Pero los demandantes argumentan que la Primera Enmienda protege a toda persona bajo jurisdicción estadounidense, y que estas deportaciones violan derechos constitucionales fundamentales.
El juez William G. Young deberá determinar si existe un patrón sistemático de represión política. De confirmarse, el juicio avanzaría hacia una segunda fase para definir medidas legales contra esta política.
Un nuevo macartismo
Expertos legales y académicos advierten que Estados Unidos podría estar viviendo una nueva versión del macartismo, esta vez bajo el discurso de “orden” y “seguridad” promovido por Trump. El juicio podría marcar un antes y un después para la libertad de pensamiento en el ámbito universitario y el derecho de la comunidad migrante a expresar posiciones políticas sin temor a represalias.
