El Congreso del Estado de Puebla inició una nueva ofensiva contra la empresa Concesiones Integrales, Agua de Puebla para Todos, al anunciar que solicitará una auditoría forense para revisar el cumplimiento del contrato de concesión y determinar si existen elementos jurídicos que permitan declarar su nulidad, evitando el pago de una indemnización por una eventual revocación.
Durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, legisladores de Morena, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, PRI y otras fuerzas políticas coincidieron en señalar que el desempeño de la concesionaria ha sido deficiente y que es necesario revisar a fondo las condiciones bajo las que opera el servicio de agua potable y alcantarillado en la entidad.
Gaspar Ramírez sostuvo que la empresa mantiene tarifas elevadas sin ofrecer un servicio de calidad y atribuyó parte de las recientes inundaciones registradas en la capital poblana a la falta de mantenimiento de la infraestructura hidráulica.
“Agua de Puebla no sirve y cobra mucho”, expresó el coordinador de Morena, quien además calificó la concesión como un esquema que ha perjudicado durante años a los usuarios.
El legislador afirmó que el Congreso buscará respaldar las acciones necesarias para revisar el contrato, al considerar que los incumplimientos podrían constituir causales suficientes para dejar sin efectos la concesión.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano, recordó que el título de concesión otorgado en 2013 fue modificado apenas 49 días después de su firma, situación que, a su juicio, debe ser investigada.
Por ello, propuso que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía General del Estado (FGE) participen en una auditoría forense para analizar las modificaciones al convenio, detectar posibles irregularidades e identificar responsabilidades que permitan promover la nulidad del contrato.
La legisladora señaló que la revisión también serviría para determinar si existieron actos que pudieran configurar un fraude en perjuicio de los poblanos.
Partidos respaldan revisar el contrato
Desde el Partido Verde Ecologista de México, la diputada Guadalupe Vargas manifestó que recopilarán evidencia sobre las fallas en el servicio para acreditar posibles incumplimientos graves de la concesionaria.
Indicó que el objetivo es fortalecer el análisis legal y determinar si existen fundamentos para sancionar a la empresa o incluso retirar la concesión.
Por su parte, la diputada del PRI, Delfina Pozos, recordó que el contrato contempla diversas causales de revocación, aunque criticó que las cláusulas establecidas obliguen al gobierno a pagar una compensación económica en caso de cancelación anticipada.
La legisladora también anunció que presentará una iniciativa para obligar a la empresa a elaborar y publicar anualmente un programa de prevención de inundaciones, con diagnósticos de la infraestructura, inventario de colectores y un calendario de mantenimiento preventivo.
Durante el encuentro con los medios, Pavel Gaspar aseguró que el Poder Legislativo buscará terminar con el actual esquema de concesión, al considerar que ha generado afectaciones a miles de usuarios.
El diputado afirmó que el análisis se realizará con base en elementos técnicos y jurídicos para determinar si existen causas suficientes que permitan invalidar el contrato, mientras continúan las revisiones sobre el desempeño de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas desde el inicio de la concesión.
Foto: Agencia Enfoque
