El Instituto Nacional Electoral hizo efectivo el cobro de una sanción por 97 millones 916 mil 665 pesos al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, después de acreditar que el partido recibió ilegalmente recursos públicos provenientes del gobierno de Chihuahua. El monto fue descontado de su financiamiento ordinario durante 2023, por lo que la penalización terminó pagándose con las prerrogativas que el propio partido recibe del erario.
La investigación determinó que, durante la administración del exgobernador priista César Duarte, más de 39 millones de pesos fueron entregados en efectivo al PRI en 2015 mediante una operación que involucró recursos de la Secretaría de Hacienda estatal. El INE concluyó que el partido recibió financiamiento público prohibido por la legislación electoral y le impuso una multa superior al doble del beneficio económico obtenido.
La sanción fue aprobada el 27 de marzo de 2023 y posteriormente quedó firme tras la revisión judicial. La autoridad electoral consideró necesario imponer un castigo ejemplar y disuasivo, debido a la gravedad de utilizar recursos de la población para beneficiar ilegalmente a un partido. El expediente también se sumó a una larga lista de irregularidades financieras atribuidas al PRI en distintas entidades del país.
Dinero público, cheques y operadores al servicio del partido tricolor
El esquema formaba parte de la llamada “nómina secreta” de César Duarte, una red mediante la cual se habrían distribuido más de mil millones de pesos entre políticos, empresarios, dirigentes sociales, líderes religiosos y representantes de medios. Las investigaciones señalaron que esos pagos buscaban construir respaldos, comprar silencios y contener cuestionamientos por los actos de corrupción cometidos desde el gobierno estatal.
Para mover los recursos, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua emitía cheques a nombre de una empresa de valores, que posteriormente retiraba el dinero en efectivo. Parte de esos recursos terminó en manos de operadores del PRI bajo el concepto de “apoyos extraordinarios”, mientras otra cantidad habría sido utilizada para cubrir compromisos personales y políticos de Duarte, entonces uno de los principales cuadros del priismo nacional.
Aunque algunos beneficiarios devolvieron recursos mediante criterios de oportunidad, buena parte del caso perdió impulso con el cambio de gobierno en Chihuahua. Sin embargo, la multa confirma que el PRI sí recibió dinero público de manera ilegal, desmontando la narrativa de que la “nómina secreta” era solamente una acusación política. El partido deberá cargar ahora con una sanción que exhibe cómo una estructura gubernamental fue utilizada para financiarlo al margen de la ley.
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