La defensa de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, promovió una demanda de amparo tras su detención por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y huachicol fiscal, al denunciar posibles violaciones a sus derechos.
El recurso señala presuntos actos de privación ilegal de la libertad, incomunicación, tortura y malos tratos, por lo que sus abogados solicitaron la intervención de un juez federal para proteger su integridad física y psicológica.
El expediente quedó radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito en Baja California, con sede en Ensenada, bajo el número 764/2026. El juzgado admitió la demanda y concedió una suspensión de plano para frenar cualquier acto que pudiera afectar la integridad del exmandatario.
De acuerdo con el recurso legal, la defensa presentó la demanda mientras las autoridades trasladaban a Ruffo Appel de Ensenada a Tijuana y posteriormente a la Ciudad de México, como parte del proceso abierto por la Fiscalía General de la República.
Defensa señala a la Femdo
Los abogados del exgobernador señalaron como autoridad responsable a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), unidad dependiente de la FGR que atiende investigaciones de alto impacto.
La suspensión otorgada obliga a las autoridades a detener de inmediato cualquier acto que contravenga el artículo 22 constitucional, el cual prohíbe penas inusitadas, tratos crueles o afectaciones contra la integridad de una persona bajo custodia.
Ruffo Appel enfrenta una investigación por su presunta participación en una red de huachicol fiscal vinculada con el aseguramiento de grandes volúmenes de hidrocarburo ilícito en Ramos Arizpe, Coahuila, ocurrido en julio de 2025.
Según la FGR, la organización habría generado un daño al erario superior a cuatro mil millones de pesos entre enero y julio de ese año, mediante la importación irregular de gasolina y diésel desde Texas.
La fiscal Ernestina Godoy calificó el caso como la mayor red de contrabando de combustible detectada hasta ahora, mientras la defensa busca garantizar que el proceso avance sin violaciones a los derechos del exgobernador panista.
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