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Vinculan a proceso a seis mandos de Seguridad Pública municipal por abuso de autoridad y encubrimiento al crimen organizado

Denuncias anónimas, entrevistas y documentos formaron parte de los datos presentados ante el juez de control.

Seis mandos de Seguridad Pública municipal fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en abuso de autoridad, encubrimiento e incumplimiento de un deber legal, informó la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Los funcionarios pertenecen a las corporaciones de Jopala, Tlaola, Tlapacoya, Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal, donde presuntamente habrían favorecido las actividades de organizaciones delictivas.

Entre los grupos investigados se encuentra una estructura relacionada con la fabricación de drogas sintéticas. No obstante, la vinculación a proceso no representa una sentencia y los imputados deberán ser considerados inocentes mientras no se demuestre lo contrario.

Juez avaló datos presentados por la Fiscalía

La fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, informó que un juez de control consideró suficientes los datos iniciales presentados por el Ministerio Público para continuar los procedimientos penales.

Las detenciones se realizaron entre el 10 y el 13 de julio, como resultado de investigaciones desarrolladas a partir de denuncias anónimas, testimonios, análisis de información y documentos entregados a la institución.

La Fiscalía también llevó a cabo diferentes diligencias para establecer la posible participación de los servidores públicos en acciones que habrían permitido la operación de grupos delictivos en sus respectivas regiones.

El juez únicamente determinó que existen elementos para continuar las investigaciones y no resolvió todavía la responsabilidad penal de los funcionarios.

¿Quiénes son los mandos policiales investigados?

Entre los servidores públicos detenidos se encuentra Manuel N., señalado por presuntamente omitir obligaciones vinculadas con su cargo y favorecer actividades delictivas.

La lista incluye a:

  • Manuel N., mando relacionado con el municipio de Jopala
  • Ángel N., director de Seguridad Pública de Tlaola
  • Venancio N., director de Seguridad Pública de Tlapacoya
  • David N., director de Seguridad Pública de Chietla
  • Gonzalo N., director de Seguridad Pública de Tehuitzingo
  • José Santiago N., director de Seguridad Pública de Chila de la Sal

Las autoridades no han detallado públicamente las conductas específicas atribuidas a cada uno ni el tipo de apoyo que presuntamente habrían proporcionado a las organizaciones investigadas.

Como parte de la carpeta, la Fiscalía incorporó información relacionada con laboratorios clandestinos asegurados en Jopala y Chila de la Sal.

Estos inmuebles presuntamente eran utilizados para la producción de sustancias sintéticas y forman parte de los elementos analizados para establecer posibles vínculos entre los mandos municipales y grupos criminales.

Indagan a más funcionarios municipales

Idamis Pastor explicó que las diligencias permanecen abiertas para identificar a otros posibles servidores públicos relacionados con las mismas actividades.

La Fiscalía investiga si existen más integrantes de corporaciones municipales que hayan brindado protección, información o facilidades a organizaciones criminales en diferentes regiones de Puebla.

La indagatoria también buscará establecer si los hechos detectados en los seis municipios responden a una misma red o corresponden a estructuras delictivas diferentes.

Hasta el momento, la dependencia no ha informado sobre nuevas órdenes de aprehensión ni ha precisado el plazo concedido para el cierre de la investigación complementaria.

Buscan depurar corporaciones municipales

El Gobierno Estatal y la Fiscalía señalaron que mantendrán la revisión de las instituciones municipales de seguridad para detectar posibles actos de corrupción o colaboración con grupos delictivos.

La estrategia contempla investigar a los funcionarios que incumplan sus obligaciones y fortalecer los mecanismos de control dentro de las policías locales.

La vinculación de los seis mandos abre una nueva etapa procesal en la que el Ministerio Público deberá reunir pruebas para sostener sus acusaciones ante la autoridad judicial.

La situación jurídica definitiva de cada imputado será resuelta conforme avance el proceso y se valoren las pruebas de la defensa y de la Fiscalía.

Fotografía: Agencia Enfoque

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