El Gobierno de Estados Unidos retiró la ciudadanía a seis personas de origen mexicano acusadas de ocultar antecedentes penales o proporcionar información falsa durante sus procesos de naturalización. Las autoridades recurrieron al procedimiento de desnaturalización, mediante el cual pueden anular una nacionalidad concedida por fraude o tergiversación de datos relevantes.
Los expedientes incluyen delitos como abuso sexual contra menores, narcotráfico, robo, portación de armas y suplantación de identidad. Aunque las conductas atribuidas son graves, el anuncio también exhibe el alcance de una política migratoria estadounidense capaz de revisar trámites concluidos hace décadas y colocar nuevamente a ciudadanos naturalizados bajo amenaza de expulsión.
Entre los casos se encuentra Urbano Vázquez Ortega, señalado por agresiones sexuales cometidas cuando ejercía como sacerdote en Washington. También figura García Cardiel, condenado en Utah por 19 cargos de abuso sexual agravado, así como Francisco Montaño, declarado culpable en Texas por agresiones e indecencia contra menores.
Washington convierte la ciudadanía en un estatus reversible
La lista incluye además a Omar Cantú Montalvo, quien habría ocultado una condena de 2005 por conspiración para poseer y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína. Antonio Alcántara Ruiz fue señalado por comprar documentos de otra persona para obtener una residencia permanente y utilizarla posteriormente como base para naturalizarse.
El sexto caso corresponde a Ceflo Luviano Mojica, quien negó contar con antecedentes pese a registrar delitos relacionados con la portación de un arma oculta y robo mayor. Las autoridades estadounidenses sostienen que las seis personas mintieron bajo juramento o escondieron información que habría modificado el resultado de sus solicitudes.
Además de perder la ciudadanía, los involucrados pueden enfrentar deportación y prohibiciones para regresar a Estados Unidos, incluso cuando hayan vivido durante años como ciudadanos naturalizados. Con estos casos, Washington vuelve a reforzar una política punitiva que presenta la nacionalidad como un derecho reversible para migrantes, mientras mantiene amplias facultades para reabrir expedientes muchos años después.
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