El gobierno de Donald Trump solicitó al Departamento de Justicia respaldar la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dentro de una demanda civil presentada en Miami por tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido secuestrados, torturados y encarcelados en territorio venezolano.
La intervención de Washington ocurre después de que un juez federal ordenara el pago de 314 millones de dólares contra Nicolás Maduro, Alex Saab y otros señalados, quienes no respondieron al proceso judicial. Rodríguez no fue incluida en esa sentencia debido a que sus abogados comparecieron y solicitaron desechar las acusaciones en su contra.
La administración de Trump sostiene que Rodríguez debe quedar fuera del litigio porque Estados Unidos la reconoce como jefa de Estado en funciones, condición que, de acuerdo con el Departamento de Estado, le otorgaría inmunidad frente a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses mientras permanezca en el cargo.
Washington busca cerrar el litigio para preservar su nueva relación con Caracas
La solicitud fue planteada por el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, quien pidió al fiscal general adjunto Brett Shumate presentar ante el tribunal una recomendación formal de inmunidad. El documento argumenta que continuar el procedimiento contra Rodríguez podría generar consecuencias importantes para la política exterior de Washington.
La petición coloca los intereses diplomáticos de la Casa Blanca por encima de una demanda sustentada en graves denuncias de tortura, luego de que los ciudadanos Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval aseguraran haber sufrido descargas eléctricas, golpizas, posiciones de estrés y afectaciones psicológicas durante su cautiverio en Venezuela.
Los tres demandantes fueron liberados en 2023 mediante un intercambio relacionado con Alex Saab, mientras el litigio sigue abierto para determinar si Delcy Rodríguez puede acogerse a la protección solicitada por Trump. Desde la captura de Maduro, el gobierno estadounidense ha estrechado su relación con la administración interina venezolana, pese a las acusaciones examinadas por la corte federal.
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