El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México aclaró que las cuentas bancarias de Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, no han sido congeladas por la Fiscalía General de la República ni por la Unidad de Inteligencia Financiera. Las autoridades también negaron que exista una solicitud para inmovilizar sus recursos dentro de la investigación por presunto contrabando de combustibles.
La precisión surgió después de que circularan versiones sobre un supuesto bloqueo financiero contra Verónica Ruffo, cuyo padre fue vinculado a proceso junto con otras siete personas. El Gabinete explicó que la petición presentada por el Ministerio Público Federal ante la UIF incluye exclusivamente a las personas físicas y morales señaladas formalmente en la carpeta de investigación, listado en el que no aparece la hija del exmandatario.
Las autoridades indicaron que cualquier solicitud para inmovilizar recursos requiere indicios suficientes de que el dinero o los bienes investigados podrían utilizarse para continuar, financiar u ocultar actividades ilícitas. También puede aplicarse cuando existe riesgo de transferencia inmediata o de que formen parte de operaciones relacionadas con organizaciones criminales. Estas medidas no se extienden a familiares únicamente por su relación con una persona investigada.
Las medidas financieras se limitan a los ocho imputados
El procedimiento penal contempla a Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillén. Los ocho fueron vinculados a proceso por su posible responsabilidad en delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, según los cargos atribuidos individualmente por la FGR.
La investigación sostiene que los imputados habrían participado en una organización dedicada a introducir combustible de manera irregular desde Estados Unidos hacia México. Ruffo Appel, accionista mayoritario de Ingemar, permanecerá en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano junto con otros cuatro acusados. Dos de los procesados cumplirán la medida cautelar en sus domicilios y otra imputada continuará recluida en Nezahualcóyotl Sur.
El Gabinete de Seguridad aseguró que las instituciones participantes mantendrán la coordinación y el respeto al debido proceso durante el desarrollo del caso. Asimismo, enfatizó que las acciones financieras deben limitarse a las personas y empresas incluidas en la investigación. Verónica Ruffo no está imputada ni forma parte de las solicitudes de inmovilización relacionadas con el expediente contra su padre, de acuerdo con la información oficial.
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