La presidenta Claudia Sheinbaum decidió colocar uno de los problemas más dolorosos del país en el centro de la agenda legislativa. La iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio representa un esfuerzo por construir un marco jurídico homogéneo para enfrentar un delito que durante décadas ha exhibido las debilidades del Estado mexicano. Es previsible que la propuesta sea aprobada durante el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el primero de septiembre. Difícilmente algún grupo parlamentario se atrevería a votar en contra de una iniciativa cuyo objetivo es proteger la vida de las mujeres y combatir la violencia feminicida.
Sin embargo, precisamente porque se trata de un tema de enorme trascendencia nacional, conviene ir más allá del entusiasmo legislativo y preguntarse si una nueva ley, por sí sola, será capaz de modificar una realidad marcada por la violencia, la impunidad y la debilidad institucional. La experiencia mexicana obliga a responder con prudencia. Nuestro país ha producido durante décadas una enorme cantidad de reformas constitucionales, leyes generales, códigos nacionales y modificaciones penales que, en muchas ocasiones, no han logrado transformar la realidad cotidiana. El problema casi nunca ha sido la ausencia de normas; el verdadero desafío ha sido hacerlas cumplir.
El feminicidio constituye una de las expresiones más brutales de la violencia criminal. No se trata únicamente del asesinato de una mujer, sino de un crimen que incorpora razones de género, relaciones de poder, discriminación, violencia familiar, violencia sexual y múltiples manifestaciones de desigualdad.
Uno de los aspectos más relevantes consiste en la homologación del tipo penal en todo el país. Hasta ahora, cada entidad federativa había desarrollado definiciones distintas del feminicidio, generando interpretaciones contradictorias, criterios diversos e incluso espacios para la impunidad. La existencia de un protocolo nacional permitirá que las treinta y dos fiscalías investiguen bajo parámetros similares y reduzcan las diferencias que hoy existen entre estados. Esa uniformidad constituye un avance jurídico importante porque fortalece la certeza legal y evita que determinados casos sean clasificados incorrectamente como homicidios dolosos o suicidios.
Igualmente relevante resulta la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer bajo perspectiva de género. Durante muchos años, familiares de víctimas denunciaron que numerosas investigaciones comenzaban con prejuicios institucionales que descartaban de inmediato la posibilidad de un feminicidio. Esa práctica provocó la pérdida de pruebas, retrasos procesales e investigaciones deficientes. La nueva propuesta invierte la lógica: toda muerte violenta deberá analizarse inicialmente como posible feminicidio hasta que la investigación demuestre lo contrario. Desde el punto de vista técnico, la medida fortalece la calidad de las investigaciones y reduce márgenes de discrecionalidad.
Otro elemento que seguramente recibirá amplio respaldo legislativo son las penas previstas. La iniciativa contempla sanciones de cincuenta hasta setenta años de prisión para los responsables, además de castigar la tentativa, retirar derechos sobre bienes y establecer la pérdida de patria potestad y custodia de los hijos cuando corresponda. Políticamente resulta comprensible endurecer las penas frente a un delito de semejante gravedad. Socialmente existe una demanda legítima de castigo ejemplar para quienes cometen este tipo de crímenes.
Sin embargo, aquí aparece la primera gran interrogante. ¿Sirve aumentar las penas para disminuir los delitos? La evidencia criminológica acumulada durante décadas muestra que la respuesta no necesariamente es afirmativa. Los delincuentes, incluidos los feminicidas, rara vez realizan un cálculo racional sobre si recibirán cincuenta, sesenta o setenta años de prisión antes de cometer un asesinato. La inmensa mayoría actúa bajo impulsos violentos, relaciones de poder, control emocional, consumo de sustancias, violencia familiar o dinámicas criminales donde la amenaza de una pena mayor tiene escaso efecto disuasorio.
El verdadero problema radica en otra parte. Los homicidas no temen tanto a la severidad de la pena como a la posibilidad de ser detenidos. Si consideran que nunca serán identificados, procesados o sentenciados, poco importa que la legislación contemple cuarenta, cincuenta o setenta años de prisión. La certeza del castigo pesa mucho más que la magnitud del castigo. Esa diferencia, aparentemente sencilla, explica buena parte del fracaso de numerosas reformas penales en México.
Nuestro país enfrenta uno de los niveles más elevados de impunidad del continente. Diversos estudios coinciden en que una enorme proporción de los delitos jamás llega a una sentencia condenatoria. Si aproximadamente noventa de cada cien delitos permanecen impunes y apenas una mínima parte concluye con una resolución judicial definitiva, resulta evidente que el principal problema no reside en la redacción de los códigos penales sino en la capacidad institucional para investigar, integrar carpetas, detener responsables, judicializar expedientes y obtener sentencias.
Por ello, cualquier análisis serio sobre la iniciativa presidencial debe incorporar una dimensión presupuestal. Ninguna ley opera por generación espontánea. Los ministerios públicos requieren capacitación especializada; las policías necesitan mejores capacidades de investigación; los peritos demandan laboratorios modernos; las fiscalías requieren tecnología forense; los jueces necesitan infraestructura suficiente; las comisiones de atención a víctimas demandan recursos humanos y financieros. Sin esas herramientas, incluso la mejor legislación corre el riesgo de convertirse en una declaración de buenas intenciones.
La propia iniciativa reconoce esta necesidad cuando plantea fortalecer institucionalmente el combate a la impunidad y garantizar la reparación integral del daño. La posibilidad de asegurar bienes del agresor para indemnizar a las familias constituye una innovación relevante, especialmente porque muchas víctimas indirectas enfrentan condiciones económicas extremadamente precarias después del asesinato. La reparación del daño no sustituye la pérdida irreparable de una vida, pero representa una obligación del Estado para atender las consecuencias materiales y sociales del delito.
Otro aspecto positivo consiste en colocar la prevención en un lugar central. En materia de seguridad pública existe una verdad elemental: siempre será mejor evitar un homicidio que castigar posteriormente a un homicida. Las estadísticas nacionales muestran una reducción gradual del promedio diario de homicidios durante los últimos años, tendencia que, de consolidarse, representa una noticia alentadora para el país. Toda vida salvada constituye un éxito de las políticas públicas, independientemente de la complejidad de los factores que explican dicha disminución.
Sin embargo, reducir homicidios en términos generales no significa automáticamente reducir feminicidios. Ambos fenómenos comparten algunos factores estructurales, pero también presentan dinámicas particulares relacionadas con violencia familiar, desigualdad de género, control patrimonial, violencia sexual y relaciones afectivas. La prevención del feminicidio exige políticas específicas de protección a mujeres en situación de riesgo, fortalecimiento de refugios, atención psicológica, órdenes de protección oportunas y mecanismos eficaces para detectar violencia antes de que escale hacia el asesinato.
En este terreno resulta indispensable fortalecer la coordinación entre instituciones. Las fiscalías por sí solas no pueden prevenir feminicidios. También participan sistemas DIF, instituciones educativas, servicios de salud, policías municipales, tribunales familiares, institutos de las mujeres, autoridades comunitarias y organizaciones civiles. La construcción de una política pública integral exige que todos estos actores compartan información, protocolos y responsabilidades claramente definidas. Una ley general puede establecer el marco jurídico, pero la eficacia dependerá del funcionamiento cotidiano de todas estas instituciones.
También debe reconocerse que el combate al feminicidio implica enfrentar patrones culturales profundamente arraigados. Ninguna legislación modifica automáticamente prácticas sociales construidas durante generaciones. La educación, la cultura de igualdad, la prevención de la violencia familiar, el combate al machismo y la transformación de relaciones de poder constituyen procesos de largo plazo. Pensar que una reforma penal resolverá por sí sola un fenómeno de naturaleza social equivaldría a depositar expectativas imposibles sobre el derecho penal.
Existe además un riesgo político que conviene evitar: convertir cada reforma penal en un ejercicio de comunicación gubernamental sin garantizar posteriormente su implementación efectiva. México ha conocido múltiples episodios de lo que algunos especialistas denominan populismo legislativo o inflación penal. Cada crisis pública suele responderse con nuevas leyes, mayores penas o nuevos delitos, mientras permanecen intactas las debilidades estructurales de policías, fiscalías y tribunales. La ciudadanía termina acumulando promesas legales sin observar mejoras proporcionales en la realidad.
La iniciativa presidencial no debe caer en esa lógica. Si el Congreso aprueba la ley, inmediatamente deberá comenzar una segunda etapa mucho más compleja: construir las capacidades institucionales para hacerla efectiva. Ello implica presupuestos suficientes, mecanismos de evaluación, indicadores públicos, capacitación permanente y supervisión constante. De poco servirá homologar protocolos si las fiscalías carecen del personal necesario para aplicarlos. Tampoco bastará establecer investigaciones con perspectiva de género si continúan existiendo rezagos monumentales en las carpetas de investigación.
En este contexto, el Senado de la República tendrá una responsabilidad particularmente relevante durante la discusión parlamentaria. Más allá del respaldo político prácticamente garantizado, los legisladores deberán analizar cuidadosamente la viabilidad operativa de cada disposición. Aprobar una buena ley exige también preguntarse quién la ejecutará, con qué recursos, bajo qué mecanismos de coordinación y cómo se evaluarán sus resultados. El éxito legislativo no debe medirse únicamente por el número de votos obtenidos, sino por la capacidad real de transformar la vida de las personas.
La sociedad mexicana tampoco debe conformarse con la aprobación de la reforma. Será necesario exigir resultados concretos: investigaciones más rápidas, menor impunidad, sentencias oportunas, reparación efectiva del daño, protección de víctimas potenciales y disminución sostenida del número de feminicidios. Esos serán los verdaderos indicadores del éxito o fracaso de la nueva legislación. Los discursos parlamentarios concluirán en unas cuantas horas; las obligaciones del Estado permanecerán todos los días.
En última instancia, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum representa una oportunidad importante para fortalecer el combate institucional contra el feminicidio. Sus objetivos son jurídicamente sólidos y políticamente necesarios. La homologación del tipo penal, los protocolos nacionales, la investigación obligatoria bajo perspectiva de género, las penas severas y la reparación integral constituyen avances relevantes que merecen respaldo. Pero conviene mantener los pies sobre la tierra. Ninguna ley, por ambiciosa que sea, sustituye el funcionamiento eficaz de las instituciones.
La verdadera batalla contra el feminicidio no se librará únicamente en el Diario Oficial de la Federación ni en los debates parlamentarios del Senado. Se decidirá en cada agencia del Ministerio Público que investigue con profesionalismo, en cada policía que preserve correctamente una escena del crimen, en cada perito que aporte evidencia científica, en cada juez que dicte una sentencia fundada y en cada autoridad que actúe oportunamente para prevenir una agresión antes de que se convierta en tragedia. Si la nueva ley viene acompañada de recursos, instituciones fuertes y cero tolerancia a la impunidad, podrá marcar un antes y un después. Si no ocurre así, correrá el riesgo de convertirse en otra reforma bien intencionada que la violencia cotidiana termine por rebasar.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
