La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que exista persecución política contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, vinculado a proceso junto con siete coacusados por presuntos delitos de huachicol ferroviario y delincuencia organizada.
La institución afirmó que no investiga al exmandatario panista por sus ideas o vínculos políticos, sino por su probable participación en una red de contrabando de hidrocarburos por vía férrea. La FGR sostuvo que el proceso avanza con apego a derecho, respeto al debido proceso, presunción de inocencia y derechos humanos.
En su posicionamiento, la Fiscalía recalcó que “no se trata de una persecución política”, pues las propias investigaciones revelaron la posible participación de las personas vinculadas a proceso. También recordó que la Constitución contempla prisión preventiva oficiosa para el delito de delincuencia organizada.
La investigación inició con el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, lo que llevó a inspecciones, toma de muestras y dictámenes periciales para conocer el contenido de las unidades y preservar los indicios.
FGR rastrea operación ferroviaria e Ingemar
La FGR explicó que la investigación se amplió al análisis de la cadena logística del combustible. A partir de esa revisión, las autoridades identificaron ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, donde detectaron importaciones irregulares.
De acuerdo con la Fiscalía, los registros declaraban sólo una parte mínima del contenido real de los ferrotanques, lo que permitió reconstruir la ruta ferroviaria utilizada para trasladar gasolina o diésel sin cubrir correctamente las obligaciones fiscales.
El análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa llevó a la empresa Ingemar S.A. de C.V., identificada como importadora principal. La FGR señaló que Ruffo Appel se incorporó al capital variable de la firma en 2018 y que para 2021 ya figuraba como accionista y secretario del Consejo de Administración.
La Fiscalía informó que hasta ahora integró 96 datos de prueba, entre dictámenes químicos, mecánicos, eléctricos, fotográficos, criminalísticos y de identificación de hidrocarburos. Aunque el daño fiscal imputado supera los 100 millones de pesos por 170 ferrotanques, el cruce de información entre Aduanas y el SAT apunta a más de 4 mil operaciones irregulares, con un posible perjuicio mayor a 4 mil millones de pesos.
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