El Gobierno de México abrió la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, disposiciones que regularán el funcionamiento de estaciones de radio, canales de televisión y servicios de audio restringido. El proceso comenzó el 27 de julio y permanecerá disponible hasta el 21 de agosto, periodo en el que ciudadanos, concesionarios, académicos, organizaciones civiles y radios comunitarias podrán presentar observaciones y propuestas.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se informó que el documento fue elaborado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, organismo con autonomía técnica creado tras la aprobación de la nueva legislación del sector. La mandataria explicó que la consulta permitirá dar a conocer el contenido de los lineamientos y recibir opiniones antes de que se publique su versión definitiva.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, señaló que las medidas derivan de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Recordó que los derechos de las audiencias fueron incorporados a la Constitución en 2013, pero varias disposiciones fueron retiradas en 2017, decisión que posteriormente fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al representar un retroceso.
Medios deberán diferenciar noticias, opiniones y publicidad
Alcalde detalló que los lineamientos buscan garantizar que las audiencias reciban información veraz, oportuna y contextualizada, además de distinguir claramente entre contenidos noticiosos, opiniones y publicidad. Los concesionarios deberán evitar presentar información histórica como si fuera actual, garantizar el derecho de réplica y fortalecer las herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad.
La funcionaria agregó que las estaciones deberán contar con un código de ética y una persona defensora de las audiencias, encargada de recibir inconformidades y solicitar información al medio involucrado. Las defensorías tendrán hasta 20 días para resolver las quejas y, cuando detecten una vulneración, podrán emitir recomendaciones; si éstas no son atendidas, el caso podrá llegar a la autoridad reguladora.
Sheinbaum rechazó que las disposiciones tengan como propósito censurar o sancionar constantemente a los medios. Explicó que el modelo prioriza la autorregulación, debido a que cada empresa nombrará a su defensor y establecerá sus propios mecanismos de atención. Las multas serían la última instancia. También aclaró que, por ahora, la regulación no incluye a la prensa escrita ni a las plataformas digitales.
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