La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, responda a una persecución política, luego de que 25 exmandatarios de derecha calificaran el proceso como una supuesta venganza. Entre quienes respaldaron el pronunciamiento del Grupo IDEA se encuentran Felipe Calderón, Vicente Fox, José María Aznar y Álvaro Uribe.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el expediente está relacionado con posibles delitos de contrabando de combustible y fraude contra la hacienda pública, no con la trayectoria partidista de Ruffo. Señaló que la Fiscalía General de la República reunió elementos suficientes para solicitar ante un juez la orden de aprehensión contra el exmandatario panista.
Sheinbaum consideró que Calderón, Aznar y los demás exgobernantes se equivocaron al presentar como político un procedimiento surgido de una investigación criminal. La presidenta explicó que Ruffo aparece como principal accionista de una empresa presuntamente vinculada con importaciones irregulares, mediante declaraciones inferiores al volumen real o el registro del combustible como otro material.
Una defensa política frente a 96 datos de prueba
La investigación de la FGR cuenta con 96 datos de prueba, entre ellos dictámenes de química, ingeniería mecánica y eléctrica, fotografía y criminalística. El expediente también documenta una amplia red de distribución en distintas entidades y el aseguramiento de alrededor de 30 ferrotanques, hallazgos que dieron origen a las indagatorias por presunto huachicol fiscal.
La mandataria agregó que las autoridades mexicanas mantienen comunicación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para intercambiar información cuando resulte necesario. Frente al respaldo político otorgado por antiguos presidentes de derecha, subrayó que las acusaciones contra Ruffo no son menores y deben resolverse mediante las instituciones judiciales, no por comunicados internacionales.
Sheinbaum reconoció que el exgobernador conserva su derecho a solicitar amparos y emplear todos los recursos legales disponibles, por lo que corresponderá a los tribunales determinar su responsabilidad. Sin embargo, insistió en que el pronunciamiento de Calderón, Aznar y sus aliados no elimina las pruebas reunidas por la Fiscalía ni convierte automáticamente la investigación en una represalia política.
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