Sobre el fugaz regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa y su todavía más rápida retirada ya se ha escrito mucho y seguramente se seguirá escribiendo durante los próximos días. Habrá desde las teorías de conspiración más conspicuas hasta los análisis jurídicos más secos, pasando por supuestas filtraciones de información confidencial, versiones provenientes de Washington y especulaciones sobre llamadas telefónicas que nadie escuchó. Sin embargo, considero que después de su nueva solicitud de licencia se abren distintos escenarios que conviene separar. Una cosa son los escenarios personales, políticos y jurídicos de Rubén Rocha Moya y otra, mucho más importante, los escenarios de Sinaloa.
El viernes 21 de agosto, Rocha Moya regresó a la gubernatura después de 112 días de licencia. Lo hizo afirmando que regresaba con la frente en alto y defendiendo su inocencia frente a los señalamientos provenientes de Estados Unidos. Poco más de un día después volvió a solicitar licencia, ahora por tiempo indefinido. Fueron alrededor de 34 horas que, paradójicamente, cambiaron muchas cosas. El gobernador que se había separado para enfrentar políticamente las acusaciones estadounidenses regresó pensando, quizá, que las circunstancias habían cambiado. Se equivocó. Su retorno provocó una reacción política inmediata que terminó demostrando que sus condiciones eran todavía más adversas que cuando solicitó su primera licencia.
La diferencia fundamental entre aquella primera licencia y ésta es política. Entonces existía un gobernador cuestionado que todavía conservaba importantes respaldos dentro de Morena y del sistema político. Ahora existe un gobernador con licencia que descubrió, de la manera más dura, los límites de esos respaldos. La presidenta Claudia Sheinbaum fue categórica. Consideró que su regreso no era pertinente y posteriormente lo calificó, por decir lo menos, de imprudente. La dirigencia de Morena, gobernadores y diferentes actores de la coalición gobernante cerraron filas alrededor de la Presidenta. El mensaje resultó imposible de ignorar: los intereses personales de cualquier dirigente están subordinados a los intereses generales. Rocha Moya quedó políticamente aislado.
Éste es quizá el primer elemento que debe tomarse en cuenta para analizar su futuro. Rubén Rocha Moya ya no controla los tiempos políticos. Durante años fue uno de los personajes centrales de la política sinaloense. Gobernador, senador, rector universitario y dirigente político con una larga trayectoria, conocía perfectamente los resortes del poder local. Sin embargo, después de estas accidentadas 34 horas perdió una parte sustancial de su capacidad de iniciativa. Puede defenderse jurídicamente, ofrecer entrevistas, publicar comunicados o denunciar una persecución política, pero difícilmente podrá imponer nuevamente los tiempos de la política sinaloense.
El primer escenario para Rocha Moya es la continuación y eventual intensificación de la presión estadounidense. Las acusaciones formuladas desde Estados Unidos no desaparecieron con su primera licencia ni desaparecieron con su efímero regreso. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano sostiene una posición que considero correcta: ninguna autoridad extranjera puede determinar unilateralmente la culpabilidad de un ciudadano mexicano y cualquier procedimiento debe sujetarse al derecho, los tratados internacionales y la soberanía nacional. La Fiscalía General de la República mantiene abierta su investigación. Por tanto, las dos pistas —la estadounidense y la mexicana— seguirán avanzando y podrían encontrarse, contradecirse o producir nuevos elementos durante los próximos meses.
Washington podría aumentar su presión. No necesariamente mediante una acción espectacular, sino utilizando los numerosos instrumentos políticos, diplomáticos, financieros y judiciales que tiene a su disposición. Podría entregar nuevos expedientes, presentar otra solicitud, ampliar las acusaciones, incorporar nuevos nombres a sus investigaciones o convertir el caso Rocha Moya en un elemento más de la compleja agenda bilateral. Aquí existe un riesgo mayor: que un asunto judicial individual termine contaminando la relación entre México y Estados Unidos. El gobierno mexicano deberá mantener dos principios simultáneamente: cooperación contra el crimen organizado y defensa irrestricta de la soberanía nacional. Una cosa no contradice necesariamente a la otra.
El segundo escenario es que Rocha Moya, sintiéndose políticamente abandonado, decida cambiar radicalmente su estrategia jurídica. Hasta ahora ha sostenido públicamente su inocencia y ha rechazado los señalamientos estadounidenses. Sin embargo, un hombre aislado políticamente puede tomar decisiones diferentes a las de un gobernador respaldado por todo un aparato político. Una posibilidad sería buscar mecanismos para enfrentar directamente las acusaciones en Estados Unidos, incluso mediante una entrega voluntaria negociada con sus abogados. No afirmo que vaya a ocurrir. Simplemente es uno de los escenarios posibles. Una decisión de esta naturaleza transformaría completamente el caso y abriría inevitablemente nuevas interrogantes políticas en México.
Una eventual presentación voluntaria ante la justicia estadounidense tendría además consecuencias impredecibles. Rocha podría intentar demostrar su inocencia, negociar condiciones procesales o enfrentar un juicio. Pero inmediatamente surgiría una pregunta inevitable en México: ¿qué información posee y qué podría declarar ante fiscales estadounidenses? En este tipo de procesos, las consecuencias políticas suelen superar ampliamente las responsabilidades individuales. Nombres, reuniones, funcionarios, empresarios, policías y acontecimientos de los últimos años podrían incorporarse al debate público. Por eso, el problema dejó hace mucho tiempo de ser exclusivamente jurídico. Se convirtió en un asunto de seguridad nacional y en una variable delicada de la relación bilateral.
Existe un tercer escenario, mucho menos probable, pero que no puede descartarse completamente en las actuales condiciones internacionales: una acción unilateral estadounidense para detener y trasladar a Rocha Moya fuera del territorio nacional. Sería un acontecimiento gravísimo. Una operación de esta naturaleza representaría una violación intolerable de la soberanía mexicana y provocaría una crisis diplomática de dimensiones desconocidas en la relación contemporánea entre ambos países. Precisamente por ello considero que es el escenario menos probable. Pero la política internacional de nuestros días obliga a considerar incluso posibilidades que hace algunos años parecían inimaginables. México tendría que responder institucionalmente ante cualquier intento de intervención extraterritorial.
Existe todavía un cuarto escenario, quizá menos espectacular pero perfectamente posible: que no ocurra nada durante meses. Que Rocha permanezca con licencia, que la investigación mexicana continúe, que Estados Unidos mantenga sus acusaciones y que el expediente se prolongue indefinidamente. Sería una especie de limbo político y jurídico.
Hasta aquí los escenarios de Rubén Rocha Moya. Pero sería un grave error confundir el destino de un gobernante con el destino de una sociedad. Sinaloa existía antes de Rocha y seguirá existiendo después de Rocha. Éste es el punto fundamental. Desde la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, el 25 de julio de 2024, la entidad entró en una espiral de violencia provocada por la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa. Miles de familias han padecido asesinatos, desapariciones, desplazamientos, cierre de negocios, pérdida de empleos y miedo. Ésos son los verdaderos problemas.
El fugaz regreso de Rocha Moya complicó todavía más las condiciones existentes porque agregó incertidumbre política a la incertidumbre provocada por la inseguridad. Sinaloa necesita exactamente lo contrario: certeza. Necesita saber quién gobierna, quién manda a las policías, quién coordina las acciones con el gobierno federal, quién dialoga con los empresarios, quién atiende a las víctimas y quién garantiza que las elecciones de 2027 puedan desarrollarse con libertad. Por ello, la designación de quien habrá de conducir al gobierno estatal durante esta etapa no puede convertirse simplemente en un reparto de posiciones entre grupos políticos. Estamos ante una decisión de Estado.
El primer escenario es que el Congreso de Sinaloa designe como gobernador sustituto a una persona perteneciente al mismo grupo político de Rubén Rocha Moya. Evidentemente tendría algunas ventajas. Conocería la administración, mantendría buena parte del equipo existente y reduciría los conflictos burocráticos propios de cualquier transición. Sin embargo, tendría una enorme desventaja: representaría la continuidad política del grupo que gobernó durante los años en que se produjo la peor crisis de seguridad de la historia reciente de Sinaloa. Cambiar al gobernador para conservar exactamente el mismo esquema político podría resultar insuficiente para recuperar la confianza ciudadana.
Además, la continuidad del grupo rochista mantendría abiertas las disputas internas de Morena rumbo a las elecciones de 2027. Cada decisión administrativa sería interpretada en función de las candidaturas. Cada nombramiento sería visto como posicionamiento electoral y cada acción de gobierno como parte de una estrategia sucesoria. Sinaloa no necesita en estos momentos un gobernador dedicado a construir una candidatura. Necesita un gobierno dedicado a reconstruir las instituciones. La prioridad debe ser recuperar territorios, disminuir homicidios y desapariciones, garantizar carreteras seguras, proteger actividades económicas y devolver tranquilidad a Culiacán y al resto del estado. La sucesión electoral debe ocupar un segundo plano.
El segundo escenario consiste en que el Congreso designe a una persona proveniente de Morena, pero ajena al grupo político del gobernador con licencia. Probablemente sea la salida políticamente más viable. Permitirá mantener la continuidad del proyecto votado en las urnas, pero al mismo tiempo marcar una distancia clara respecto al grupo que encabezó Rocha Moya. Para funcionar necesitaría tres condiciones: independencia frente a las facciones locales, coordinación absoluta con el gobierno federal y renuncia explícita a utilizar el cargo para construir una candidatura en 2027. Un gobernador de transición debe comportarse precisamente como eso: como gobernador de transición y no como aspirante adelantado.
El tercer escenario sería mucho más audaz: designar a una personalidad con reconocimiento social, experiencia política y capacidad de diálogo que no necesariamente pertenezca a Morena. Una especie de gobierno de transición o de reconciliación sinaloense. Jurídicamente tendría que ajustarse escrupulosamente a las disposiciones constitucionales locales; políticamente necesitaría un amplio acuerdo entre las fuerzas representadas en el Congreso. Sería una solución excepcional para una situación excepcional. Su principal fortaleza estaría en mandar una señal de ruptura con las disputas de grupo. Su principal debilidad sería carecer de una estructura política propia para gobernar una entidad sometida a enormes presiones.
Cualquiera que sea la decisión del Congreso sinaloense, el próximo gobierno necesitará un respaldo extraordinario de la Federación. No bastará con cambiar nombres en el Palacio de Gobierno. Se requiere fortalecer la presencia de las fuerzas federales, mejorar las capacidades de inteligencia, depurar corporaciones policiales y fiscalías, recuperar municipios y carreteras, proteger las actividades productivas y construir programas especiales para los sectores afectados por la violencia. Seguridad y economía son actualmente dos caras de la misma moneda. Un restaurante que cierra, una empresa que deja de invertir o una familia que abandona Culiacán también son víctimas indirectas de la violencia.
La salida política de Rocha Moya puede convertirse, paradójicamente, en una oportunidad para Sinaloa. Una crisis sólo sirve cuando permite corregir errores. El nuevo gobierno puede reconstruir puentes con empresarios, universidades, organizaciones sociales, colectivos de búsqueda, agricultores, comerciantes y ciudadanos. Puede establecer una relación diferente con los municipios y recuperar la coordinación con las instituciones federales. Puede también transparentar información sobre homicidios, desapariciones y desplazamientos. La confianza no se recupera mediante discursos. Se recupera cuando las personas vuelven a salir por las noches, los negocios permanecen abiertos y los padres dejan de temer que sus hijos no regresen a casa.
El episodio de las 34 horas debería dejar también una lección para la clase política mexicana. El poder público no pertenece a quien ocupa temporalmente un cargo. Gobernadores, presidentes municipales, legisladores y funcionarios administran responsabilidades que pertenecen a la sociedad. Cuando un problema personal amenaza con convertirse en un problema institucional, la obligación del político consiste en privilegiar a la institución. Rocha Moya quiso regresar para defender su nombre, su trayectoria y quizá su legado. Es comprensible desde una perspectiva humana. Pero gobernar Sinaloa no puede convertirse en instrumento para resolver la situación jurídica o reivindicar el honor personal de nadie.
Por eso considero que el destino político de Rubén Rocha Moya está prácticamente sellado. Podrán existir todavía capítulos jurídicos, revelaciones, acusaciones, defensas y quizá sorpresas. Pero resulta difícil imaginar después de estos acontecimientos una recuperación de su antigua influencia política. La imagen de un gobernador que regresó durante unas horas y tuvo que volver a separarse del cargo quedará inevitablemente como parte de su biografía. Ahora deberá concentrarse en su defensa jurídica y dejar que las instituciones sinaloenses continúen funcionando. Será la justicia mexicana, y eventualmente los procedimientos internacionales correspondientes, la que determine responsabilidades, no los rumores ni los tribunales mediáticos.
El destino importante es otro. No es el de Rubén Rocha Moya, Morena o cualquiera de los aspirantes a la gubernatura. Es el de los más de tres millones de sinaloenses que llevan demasiado tiempo viviendo entre balaceras, desapariciones, miedo e incertidumbre. Sinaloa necesita recuperar la paz, la economía, las calles y, sobre todo, la esperanza. Los hombres pasan; las instituciones deben permanecer. Los gobernadores llegan y se van; las sociedades continúan. Si algo positivo puede surgir de esta crisis es precisamente la oportunidad de colocar nuevamente a los sinaloenses, y no a sus gobernantes, en el centro de las decisiones. Al final, eso es lo único que verdaderamente importa.
Eso pienso yo, usted qué opina. La Política es de bronce.
@onelortiz
