El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla acumuló más de 800 quejas y denuncias durante el último año contra servidores públicos, de las cuales poco más de 25 procedimientos han concluido con sanciones, informó su presidente, Pedro Antonio Martínez Hernández.
Las medidas disciplinarias han alcanzado a trabajadores de distintos niveles, entre ellos auxiliares, diligenciarios y notificadores, además de tres jueces municipales y dos jueces de primera instancia.
De acuerdo con el titular de la Judicatura, cinco funcionarios fueron inhabilitados durante un año, mientras que otros recibieron suspensiones como consecuencia de irregularidades detectadas en el desempeño de sus funciones.
Explicó que la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla únicamente dos sanciones disciplinarias: la suspensión y la inhabilitación.
Martínez Hernández señaló que una parte importante de las investigaciones deriva de las revisiones que el Consejo realiza de manera periódica en los diferentes juzgados del estado, donde sus integrantes tienen contacto tanto con litigantes como con ciudadanos.
Detectan irregularidades en Cecofam
Uno de los casos que requirió una intervención más amplia fue el Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam), donde la Judicatura llevó a cabo una depuración del personal tras detectar señalamientos relacionados con presuntos cobros para favorecer dictámenes de convivencias familiares.
El funcionario explicó que fueron separados de manera inmediata algunos psicólogos señalados por estas prácticas. Las investigaciones, agregó, incluyen elementos financieros que ya fueron identificados por las autoridades administrativas.
Según expuso, existen transferencias hacia cuentas personales de trabajadores que presuntamente estarían relacionadas con los señalamientos, aunque evitó revelar los montos debido a que los procedimientos continúan y hacerlo podría afectar el debido proceso.
En total, más de 13 personas fueron removidas o cambiadas de funciones en el Cecofam, entre directivos, jefes de departamento, psicólogos y trabajadores sociales.
Durante la revisión también se encontró un rezago superior a 600 dictámenes sin firmar, situación que derivó en nuevas medidas contra algunos servidores públicos.
En otro de los procedimientos, Martínez Hernández confirmó que dos secretarios del Juzgado Segundo de Cholula permanecen suspendidos de manera temporal como medida cautelar dentro de la investigación relacionada con el caso de Karla López Albert.
Los funcionarios corresponden a las áreas penal y civil. Ambos permanecen separados de sus responsabilidades mientras se determina su situación y han recurrido a los mecanismos legales de defensa disponibles.
El presidente del Consejo también sostuvo que quienes han recibido alguna sanción tienen derecho a impugnar las resoluciones. Incluso, indicó que al menos una servidora pública sancionada promovió un juicio de amparo ante la justicia federal.
Judicatura incorpora 12 vehículos
Las declaraciones fueron realizadas durante la puesta en funcionamiento de 12 vehículos modelo 2026 adquiridos por el Poder Judicial de Puebla.
Las unidades serán utilizadas para fortalecer la movilidad del personal y apoyar las actividades de los tribunales y las labores de supervisión en los distintos distritos judiciales.
Aunque las más de 800 quejas representan un universo amplio de señalamientos, hasta ahora más de 25 procedimientos han terminado en sanciones, mientras el resto continúa sujeto a revisión y resolución conforme a los procesos establecidos por la Judicatura.
Foto: Agencia Enfoque
