El gobierno de Tlaxcala ha separado a 56 elementos de seguridad por malas prácticas durante los últimos tres años, luego de que las denuncias en su contra fueran investigadas y se acreditara su responsabilidad, como parte de la política de cero impunidad que mantiene la administración estatal.
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo, informó que las separaciones ocurrieron después de acreditar irregularidades, por lo que los elementos fueron retirados de la institución en cumplimiento de las acciones de depuración interna.
Las malas prácticas detectadas entre policías de la dependencia estatal incluyen actos de corrupción, extorsión y otros delitos que derivaron en la suspensión de sus funciones y dieron paso a la apertura de las diligencias correspondientes.
Aunque los 56 casos representan una minoría frente al total de integrantes de la corporación, el secretario sostuvo que la instrucción es investigar cada denuncia y actuar cuando existan elementos que confirmen una conducta irregular, sin importar quién sea el responsable.
Dependiendo de la gravedad de cada caso, los elementos son sometidos a procedimientos disciplinarios y, cuando existen hechos que pudieran constituir un delito, la SSC presenta las denuncias ante la Fiscalía para que, además de las sanciones administrativas, se determinen posibles responsabilidades penales.
En paralelo, la dependencia mantiene la aplicación de controles de confianza, proceso mediante el cual 120 elementos no han acreditado estas evaluaciones durante el mismo periodo, al no cumplir con los parámetros establecidos para continuar dentro de las fuerzas de seguridad.
Perea Marrufo precisó que los uniformados que no acreditaron los controles de confianza y los 56 separados por malas prácticas corresponden a procedimientos distintos, pues los primeros derivan de evaluaciones institucionales y los segundos, de irregularidades acreditadas mediante investigaciones.
Las acciones de depuración también se desarrollan bajo la Ley de Disciplina Policial, aprobada por el Congreso local, que establece las obligaciones, faltas y procedimientos que deben seguir los integrantes de las corporaciones, además de fijar las bases para determinar sanciones ante posibles incumplimientos.
Fotografía: Redes
