La aspiración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca de competir por la Presidencia de México en 2030 enfrenta un obstáculo constitucional debido a su situación jurídica, explicó Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República.
Durante la conferencia matutina de este 28 de agosto, Zaldívar explicó que una orden de aprehensión no elimina por sí misma los derechos político-electorales de una persona. Para que opere una suspensión debe acreditarse, además, que el ciudadano se encuentra sustraído de la acción de la justicia.
El exministro señaló que existen dos elementos que deben concurrir: primero, que exista una orden judicial de aprehensión y, segundo, que haya evidencia de que la persona buscó evadir la acción de las autoridades.
“Se requieren dos elementos, un elemento normativo, que es que se emita una orden de aprehensión, y segundo, un elemento material, que esta persona se sustraiga de la acción de la justicia”.
La explicación de Zaldívar fue vinculada directamente con el caso del exmandatario tamaulipeco, quien ha expresado su intención de participar en la sucesión presidencial de 2030.
De acuerdo con lo expuesto, si una persona tiene una orden de aprehensión, no se presenta ante el juez que la requiere y permanece fuera del país para evitar la acción de las autoridades, puede ubicarse en el supuesto constitucional de prófugo de la justicia.
En ese escenario, la candidatura no sería jurídicamente viable.
“Si tiene orden de aprehensión, no ha comparecido ante el juez, está en otro país, está sustraído de la acción de la justicia, entonces entraría en el supuesto constitucional de prófugo de la justicia y no podría ser candidato”.
Cabeza de Vaca reside en Texas, Estados Unidos, y enfrenta una orden de aprehensión cuya vigencia se reactivó después de que fuera revocado el amparo que lo protegía.
Zaldívar enfatizó que la legislación no establece que cualquier denuncia, investigación penal u orden de captura implique automáticamente la pérdida de los derechos políticos.
Una persona investigada puede aspirar a un cargo de elección popular mientras no exista una resolución que suspenda sus derechos. Incluso cuando enfrenta un proceso penal en libertad, prevalece la presunción de inocencia.
La situación cambia cuando existe prisión preventiva, una sentencia que suspenda los derechos políticos o cuando se acredita que el ciudadano se encuentra prófugo de la justicia.
El funcionario también recordó que el artículo 38 constitucional contempla la suspensión de los derechos político-electorales en determinados supuestos.
Entre ellos se encuentran estar en prisión preventiva, cumplir una sentencia condenatoria privado de la libertad, tener suspendidos los derechos mediante una sentencia y encontrarse prófugo de la justicia.
Otro requisito: residencia en México
Además de la situación judicial, Zaldívar señaló que cualquier aspirante a la Presidencia tendría que cumplir los requisitos establecidos en la Constitución para ser elegible.
Entre las condiciones se encuentra haber residido en México durante al menos 20 años y contar con residencia en el país durante el año previo a la elección.
Por ello, la eventual candidatura de Cabeza de Vaca tendría que ser analizada tanto desde el punto de vista de su situación jurídica como del cumplimiento de los requisitos constitucionales de residencia.
Zaldívar puntualizó que estos casos deben revisarse de manera individual, pues las consecuencias electorales dependen de las circunstancias específicas de cada persona y de las resoluciones judiciales correspondientes.
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