El Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, provocó una nueva polémica tras difundir imágenes de cuerpos de integrantes de una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abatidos durante la Operación Azarías, realizada en el departamento de Guaviare.
El operativo ocurrió el pasado 30 de agosto en la vereda Lagos del Dorado, en Miraflores, contra integrantes del Frente Carolina Ramírez, estructura vinculada con el Estado Mayor Central (EMC), organización encabezada por alias “Iván Mordisco”.
De acuerdo con el balance presentado por el Gobierno colombiano, 23 integrantes de la disidencia murieron y seis fueron capturados. Entre los fallecidos se encuentra alias “Tigre” o “Pintado”, identificado por las autoridades como líder del frente.
La controversia, sin embargo, no se concentró únicamente en el resultado militar. Las imágenes difundidas por el propio mandatario muestran los cuerpos cubiertos con sábanas mientras De la Espriella aparece acompañado de altos mandos militares y policiales, además de exhibir armas decomisadas y escenas del operativo.
El Presidente presentó la acción como “el golpe más contundente asestado por nuestra Fuerza Pública en los últimos 12 años” y utilizó el resultado para reforzar su discurso de seguridad.
Críticas por el uso político de los cuerpos
De la Espriella también se refirió a alias “Tigre” en términos particularmente duros. “Ese miserable, que hoy hemos sacado de circulación”, afirmó al recordar los ataques que las autoridades atribuyen al integrante de la disidencia.
La difusión de las imágenes generó cuestionamientos entre dirigentes de oposición y sectores críticos del Gobierno, quienes consideraron que mostrar cadáveres como parte de un mensaje oficial de triunfo militar puede deshumanizar a las víctimas y convertir la muerte en un recurso propagandístico.
El expresidente Gustavo Petro fue uno de los principales críticos. En X escribió: “Esto se llama hacer de la muerte un trofeo”, al cuestionar la decisión de exhibir los cuerpos.
El congresista Ariel Ávila también reprochó la estrategia de comunicación y señaló que “exhibir la muerte” no convierte al mandatario en un mejor estratega ni necesariamente fortalece políticamente a su Gobierno.
La polémica adquiere mayor relevancia por otro operativo ocurrido días antes en el mismo departamento. Durante la Operación Amón, realizada el 27 de agosto, murieron 10 personas y Medicina Legal confirmó que tres eran menores de edad. Esos fallecimientos no corresponden a la Operación Azarías.
La senadora Jennifer Pedraza pidió un debate de control político para revisar las actuaciones del Ministerio de Defensa y de la Presidencia. Mientras tanto, otras figuras políticas cuestionaron que la política de seguridad termine reducida al conteo de muertos, sin que el Gobierno explique con la misma intensidad las garantías de derechos humanos y los controles sobre sus operaciones militares.
Fotografía: X
