El Gobierno de México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, por su presunta participación en una estructura relacionada con delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La petición fue realizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitud de la Fiscalía General de la República.
La solicitud se encuentra actualmente bajo análisis de las autoridades estadounidenses y deriva de una orden de aprehensión existente desde 2023 contra Pereyra Gálvez. El procedimiento se sustenta en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que permite solicitar una detención provisional antes de presentar formalmente la totalidad del expediente requerido para concretar una eventual entrega.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, la esposa de García Luna habría participado en una red integrada por más de medio centenar de personas vinculadas con contratos para equipar cárceles federales. Las operaciones investigadas habrían provocado un daño superior a 5 mil 112 millones de pesos al erario, dentro de un entramado que alcanzó a familiares y personas cercanas al exfuncionario.
La sombra de García Luna alcanza ahora a su círculo familiar
El nuevo movimiento judicial mantiene bajo escrutinio el entorno de quien encabezó la seguridad pública federal y posteriormente fue sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos. Desde 2023, la Fiscalía mexicana había informado sobre órdenes de captura no únicamente contra Pereyra, sino también contra varios hermanos de García Luna, como parte de las investigaciones sobre el patrimonio y las operaciones atribuidas a su círculo cercano.
Las autoridades han rastreado además negocios y bienes asociados con Pereyra Gálvez desde años anteriores a la salida de García Luna del gobierno federal. Entre los registros conocidos figura un restaurante ubicado en Xochimilco y posteriores participaciones empresariales después de que la familia se trasladó a Estados Unidos al finalizar la gestión del exsecretario en 2012.
La petición mexicana no implica que Pereyra vaya a ser extraditada automáticamente. Si las autoridades estadounidenses autorizan su detención provisional, México tendría 60 días para presentar la documentación completa que sustente el procedimiento. El caso abre así un nuevo capítulo judicial alrededor del círculo de García Luna, mientras la FGR busca llevar ante tribunales mexicanos a quienes señala como participantes de la presunta red financiera.
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