El Congreso de Puebla cerró su segundo año de actividades con mil 823 instrumentos legislativos tramitados, entre iniciativas y puntos de acuerdo, de acuerdo con el informe presentado por Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXII Legislatura.
Ante el gobernador Alejandro Armenta Mier, el legislador informó que durante este periodo se realizaron 386 sesiones y fueron aprobadas seis nuevas leyes, además de mantener una agenda enfocada en reformas constitucionales y actualización del marco jurídico estatal.
Gaspar Ramírez detalló que las y los diputados presentaron mil 274 iniciativas y 549 puntos de acuerdo, cifras que, señaló, reflejan la actividad desarrollada por las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo.
El presidente del Congreso también adelantó que la LXII Legislatura mantendrá coordinación con las administraciones federal y estatal, además de acompañar temas vinculados con la agenda impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Dentro de los proyectos desarrollados durante el periodo legislativo se encuentran mecanismos para ampliar la participación de distintos sectores sociales en las actividades del Congreso.
Entre estas acciones destacó la creación de los Consejos Consultivos Académico y Empresarial, así como el programa mediante el cual integrantes de pueblos indígenas participan desde la tribuna legislativa. También se fortaleció la colaboración con instituciones y organizaciones civiles.
Reformas en niñez, paridad y Poder Judicial
En materia legislativa, Gaspar Ramírez resaltó modificaciones a la Constitución Política del Estado de Puebla orientadas al desarrollo integral y la protección de niñas, niños y adolescentes, particularmente en acciones para garantizarles una vida libre de violencia.
También se realizaron adecuaciones en materia de paridad vertical y horizontal en la representación política y se estableció un máximo de 15 regidurías para la integración de los ayuntamientos.
Otro de los puntos abordados fue la armonización del marco jurídico local relacionada con el Poder Judicial, principalmente en los procedimientos para la elección e integración de cargos, jueces y cobertura de vacantes.
Fotografía: Agencia Enfoque
