La colectiva Feministas de Izquierda 19 de Marzo pidió al Congreso de Puebla abrir mesas de trabajo con especialistas para analizar mecanismos que permitan prohibir y sancionar la maternidad subrogada como una modalidad de trata de personas.
Las activistas sostuvieron que la discusión no debe limitarse a regular los llamados vientres de alquiler, sino abordar los posibles efectos de esta práctica sobre mujeres en situación de precariedad económica y las infancias.
Yali Figueiras, integrante de la colectiva, señaló que existe una asimetría de poder entre las familias que buscan la gestación subrogada y las mujeres que recurren a ella como una alternativa ante condiciones económicas adversas.
“No puede existir un contrato justo cuando hay una asimetría del poder”, afirmó durante el posicionamiento.
De acuerdo con la organización, esta desigualdad puede facilitar la explotación reproductiva, particularmente cuando empresas o agencias intermediarias obtienen ganancias a partir de los procesos de gestación.
Piden mesas de diálogo y cambios legales
La colectiva planteó cuatro solicitudes dirigidas a autoridades estatales y federales. La primera consiste en que el Congreso de Puebla deseche la iniciativa que busca establecer un marco legal para la maternidad subrogada en la entidad.
Además, pidió al Gobierno de Puebla diseñar políticas públicas relacionadas con salud reproductiva ética, preventiva y comunitaria.
Las activistas también solicitaron instalar mesas de diálogo con participación de colectivas feministas, organizaciones defensoras de derechos humanos, especialistas en salud, integrantes de la academia y representantes de comunidades.
El objetivo, explicaron, es analizar los riesgos asociados con la maternidad subrogada y construir mecanismos jurídicos que permitan atenderla desde la perspectiva de derechos humanos, género y trata de personas.
Finalmente, exhortaron al Congreso de la Unión a modificar la Ley General en Materia de Trata de Personas para prohibir, sancionar y erradicar la maternidad subrogada en todas sus modalidades, incluida aquella que se presenta como altruista.
La colectiva argumentó que la regulación de esta práctica podría normalizar la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y convertir la gestación y el nacimiento en actividades sujetas a intermediación comercial.
Las integrantes también advirtieron sobre el crecimiento de un mercado internacional de gestación subrogada y pidieron que Puebla no se convierta en un espacio donde los vacíos legales y la desigualdad económica favorezcan ese tipo de prácticas.
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