El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, advirtió que el alcalde de Tlaola, Simón Garrido Morgado, deberá responder ante la ley si las investigaciones determinan que conocía o permitió actividades irregulares relacionadas con una instalación de minería de criptomonedas localizada en la Sierra Norte.
Durante su conferencia de este lunes, el mandatario señaló que ninguna relación política, personal o de colaboración exime a un servidor público de responsabilidades. Su posicionamiento ocurrió después de que autoridades estatales cuestionaron si funcionarios municipales pudieron desconocer una operación de gran escala dentro de su demarcación.
La Fiscalía General de la República mantiene a su cargo las indagatorias para identificar a los responsables, establecer la propiedad del inmueble y determinar el origen de la energía utilizada. La minería de criptomonedas no está prohibida en México; las pesquisas se concentran en posibles delitos vinculados con el suministro irregular de electricidad y el eventual uso ilícito de activos virtuales.
Investigación federal revisa infraestructura asegurada
El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, explicó que la dependencia estatal colabora con la FGR y otras autoridades federales. También indicó que la cercanía con infraestructura hidroeléctrica de la zona de Necaxa ha convertido a esta región en un punto de atención por el elevado consumo energético que requieren estas instalaciones.
La Secretaría de Marina aclaró que no se trató de dos granjas distintas, sino de dos intervenciones sobre el mismo predio. En el cateo del 11 de septiembre se contabilizaron 1,032 equipos de criptominería, cinco transformadores, 95 switches de red, tres antenas satelitales, una antena de microondas y una escopeta con 12 cartuchos.
Las autoridades buscan establecer quién operaba el sitio y si existieron omisiones de funcionarios locales. Armenta insistió en que, si se acredita conocimiento, complicidad o alguna conducta delictiva, quienes resulten responsables deberán enfrentar las consecuencias legales correspondientes ante la justicia.
Fotografía: Redes
