La administración de Donald Trump modificó la aplicación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción de Estados Unidos mediante una nueva directiva que limita los casos en los que la muerte o afectación accidental de animales protegidos puede considerarse una conducta ilícita. El memorando, fechado el 14 de septiembre y firmado por Brian Nesvik, director del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, fue confirmado como auténtico por el Departamento del Interior. El cambio redefine el alcance del término “take”, utilizado en la legislación para referirse a acciones como perseguir, capturar o matar ejemplares de especies protegidas.
De acuerdo con el documento, las autoridades estadounidenses considerarán que determinadas muertes derivadas de actividades previsibles no constituyen una infracción cuando no exista una acción dirigida específicamente contra el animal. Entre los ejemplos mencionados se encuentran las colisiones accidentales de embarcaciones con ballenas y la tala de árboles donde habitan murciélagos. Bajo esta interpretación, la actividad realizada no implicaría por sí misma una violación si no tuvo como objetivo provocar la muerte o captura de los ejemplares. El Departamento del Interior señaló que la medida refleja la orientación actual del Servicio de Pesca y Vida Silvestre después de cambios regulatorios relacionados con la definición de “harm”, o daño.
La modificación provocó críticas de organizaciones dedicadas a la conservación de la fauna, que consideran que muchas de las amenazas contra especies protegidas no provienen de acciones dirigidas deliberadamente contra los animales, sino de actividades económicas permitidas y reguladas por las autoridades. Beth Lowell, vicepresidenta de Oceana, sostuvo que los cambios podrían alterar el equilibrio establecido por la legislación entre las actividades económicas y la conservación de especies amenazadas. Los grupos ambientalistas también han señalado que la nueva interpretación podría reducir las herramientas disponibles para prevenir daños derivados de determinadas actividades humanas.
Entre las especies que podrían verse afectadas se encuentra la ballena franca del Atlántico Norte, cuya población se mantiene en niveles reducidos. Organizaciones conservacionistas señalan que sus principales amenazas incluyen el enredo en artes de pesca y las colisiones con embarcaciones. La discusión ocurre mientras el gobierno estadunidense redefine la manera en que se aplican las disposiciones federales destinadas a proteger a la fauna en riesgo. El memorando establece una nueva interpretación administrativa, aunque sus efectos concretos dependerán de la aplicación de las normas y de eventuales controversias legales relacionadas con el alcance de la ley.
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