Estados Unidos impuso este jueves una nueva ronda de sanciones contra ocho entidades estatales y tres funcionarios cubanos vinculados con el sector del níquel y estructuras militares de la isla, como parte de las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump durante 2026.
Las designaciones fueron aplicadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo, que autoriza bloquear bienes e intereses de personas o entidades señaladas por operar en sectores estratégicos de la economía cubana o apoyar al gobierno de la isla. En términos prácticos, los activos sujetos a jurisdicción estadounidense quedan congelados y las transacciones con personas estadounidenses quedan restringidas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que Washington busca limitar fuentes de financiamiento vinculadas con empresas estatales y capacidades militares. La administración estadounidense sostiene que parte de los ingresos generados por sectores como la minería termina beneficiando a estructuras gubernamentales y militares, una interpretación rechazada reiteradamente por La Habana.
Entre las compañías relacionadas con el níquel aparecen SERCONI, CEPRONIQUEL, CEDINIQ y Pinares S.A., todas vinculadas con servicios técnicos, ingeniería, investigación o exploración minera.
Níquel y estructuras militares, bajo nuevas restricciones
La segunda parte de las sanciones alcanza a SIMPRO, CIDNAV, CIDAI y GELCOM, organismos relacionados con simuladores de entrenamiento, investigación naval, desarrollo de armamento de infantería y fabricación de equipos electrónicos y de comunicaciones para las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
También fueron incluidos Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, director de SIMPRO; Dioglis Pedrera Argüello, responsable de CIDNAV, y Julio Hurtado Betancourt, director de CIDAI.
Las nuevas medidas se integran a una estrategia más amplia de Washington contra instituciones y empresas cubanas. Durante agosto, Estados Unidos ya había sancionado al Ministerio de la Construcción y otras entidades estatales, mientras que en junio incorporó al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a su lista de designaciones.
El gobierno cubano ha rechazado este tipo de acciones y sostiene que las sanciones profundizan las dificultades económicas y afectan a la población. Washington, por su parte, argumenta que las restricciones buscan presionar a estructuras oficiales y limitar recursos destinados a organismos de seguridad y defensa.
Con esta nueva ronda, la confrontación bilateral vuelve a concentrarse en sectores estratégicos para la economía cubana, especialmente minería, tecnología militar y empresas estatales, en un contexto de deterioro económico y crecientes tensiones entre ambos gobiernos durante este año.
Fotografía: Redes
