La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista un acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para deslindarla de responsabilidades por la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara. Sostuvo que la investigación debe avanzar conforme a la ley y sin negociaciones entre gobiernos.
“Primero, para decirlo con absoluta claridad: la justicia está por encima incluso de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia”, afirmó durante su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, al rechazar las versiones sobre una supuesta exoneración de la mandataria estatal, militante del PAN.
Las declaraciones ocurren después de que el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fuera acusado de traición a la patria por los hechos relacionados con la presencia de personal estadounidense en territorio mexicano sin la autorización federal correspondiente.
Jáuregui enfrenta el proceso judicial en el que se indaga la participación de autoridades estatales en las actividades realizadas por los agentes extranjeros. Su caso llegó a una audiencia inicial en el penal del Altiplano, mientras continúan las investigaciones sobre las posibles responsabilidades de los involucrados.
La presidenta explicó que el asunto cobró relevancia después de que se reportara la muerte de dos agentes estadounidenses en un accidente carretero en la Sierra Tarahumara. Posteriormente, se conoció que ambos habían estado acompañados por personal de la Fiscalía de Chihuahua durante una actividad relacionada con un presunto laboratorio de metanfetaminas.
Sheinbaum cuestionó los resultados y la legalidad de esa intervención, pues aseguró que no se desmanteló ninguna instalación para fabricar drogas y que la fiscalía estatal carecía de facultades para realizar ese tipo de acción.
“Primero, no desmantelaron ningún laboratorio. Segundo, no tenía atribuciones o no tiene atribuciones una fiscalía estatal para desmantelar un laboratorio. Solamente la Fiscalía General de la República tiene esas atribuciones”, puntualizó.
De acuerdo con su explicación, los participantes acudieron al sitio, lo observaron y posteriormente se retiraron, sin concretar el desmantelamiento que se había señalado públicamente.
La mandataria también lamentó el fallecimiento de los agentes de la CIA, aunque subrayó que ese hecho no elimina la necesidad de esclarecer las circunstancias de su presencia y las actuaciones de las autoridades mexicanas.
Investigación sin acuerdos políticos
Sheinbaum insistió en que no negoció con Campos para que el procedimiento penal se concentre exclusivamente en el exfiscal. Aclaró que las decisiones sobre la investigación corresponden a las instancias de procuración de justicia, particularmente a la Fiscalía General de la República (FGR).
También señaló que la aplicación de la legislación en materia de seguridad nacional debe responder a hechos y disposiciones legales, no a consideraciones partidistas.
La presidenta consideró que corresponde a las autoridades determinar las responsabilidades conforme avance el expediente y que será la ciudadanía quien evalúe el desarrollo del caso.
Con ello, el Gobierno federal rechazó las versiones de un entendimiento político con la administración panista de Chihuahua y sostuvo que el proceso deberá esclarecer tanto la intervención de agentes estadounidenses como la actuación de los funcionarios estatales involucrados.
Foto: X
