El Gobierno de Donald Trump endureció el uso de restricciones de visa como instrumento de presión sobre América Latina, al anunciar nuevas medidas contra ciudadanos de Colombia y Bolivia señalados por Washington por presuntos actos de corrupción o vínculos con el narcotráfico.
En Colombia, la decisión alcanza a siete figuras políticas y exfuncionarios, entre ellos Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y antiguo jefe de campaña de Gustavo Petro; el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; el senador electo Wadith Manzur; la representante Karen Manrique; los exsenadores Julio Elías Chagüi y Liliana Bitar, además del excongresista José Ignacio Mesa.
Las medidas también afectan a familiares directos, lo que amplía el alcance de una política migratoria utilizada por Washington para condicionar el acceso a territorio estadounidense sin que necesariamente exista una sentencia penal firme contra todos los involucrados.
El Departamento de Estado justificó las restricciones bajo el llamado Escudo de las Américas, una estrategia regional promovida por la administración Trump para combatir corrupción y narcotráfico. Sin embargo, las decisiones reflejan también el creciente uso de facultades migratorias estadounidenses como mecanismo de presión política y diplomática sobre gobiernos y actores de otros países.
La misma estrategia fue aplicada contra Bolivia, donde 15 funcionarios y exfuncionarios, además de 25 familiares, quedaron incluidos en las restricciones.
Entre los nombres señalados aparecen el exfiscal general Juan Lanchipa, el exdirector de la fuerza antidrogas Freddy Bismarck Pereira y la exdirectora de Migración Katherine Calderón.
Con esta ofensiva diplomática, la administración Trump refuerza la capacidad de Washington para imponer consecuencias migratorias desde fuera de los sistemas judiciales latinoamericanos, utilizando el acceso a Estados Unidos como herramienta de influencia regional.
Las restricciones no equivalen a condenas penales, pero sí muestran una política exterior estadounidense cada vez más apoyada en sanciones administrativas para ejercer presión sobre actores políticos y públicos de otros países.
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