La empresa Comercializadora JVLY, que recibió un contrato por 129.7 millones de pesos del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla durante la gestión de Blanca Yassahara Cruz García, actual presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), enfrenta nuevos cuestionamientos por presuntas irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador del organismo federal.
Durante su comparecencia ante las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, expuso anomalías fiscales, administrativas y operativas relacionadas con la compañía.
Entre los hallazgos destacó que JVLY presentó documentación tributaria con información correspondiente a otra empresa, además de inconsistencias en sus opiniones de cumplimiento ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en sus registros de seguridad social.
El funcionario también señaló que el área responsable de las contrataciones del INE no acreditó haber verificado la situación fiscal de la proveedora antes de formalizar los acuerdos comerciales.
Otro de los focos de atención fue su capacidad operativa. Aunque la compañía aseguró disponer de personal para cumplir con los servicios contratados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que sus registros patronales habían sido dados de baja con anterioridad.
JVLY recibió contratos electorales en Puebla y el INE
De acuerdo con la exposición del OIC, Comercializadora JVLY recibió 48 millones 569 mil 782 pesos por servicios relacionados con el sistema integral de voto electrónico por Internet para mexicanos residentes en el extranjero.
Carvente Contreras consideró relevante que una empresa dedicada históricamente al suministro de material electoral físico cambiara de actividad para ofrecer servicios informáticos especializados.
El caso adquiere relevancia en Puebla porque, durante 2024, el IEE adjudicó a la misma compañía un contrato por 129.7 millones de pesos para proporcionar documentación y materiales utilizados en las elecciones de ese año, cuando Blanca Cruz encabezaba el organismo.
En su momento, la entonces consejera presidenta defendió el procedimiento y sostuvo que la contratación se realizó mediante una licitación pública nacional. También argumentó que el monto correspondía a las dimensiones del proceso electoral poblano.
Sin embargo, las observaciones de la fiscalización federal se suman a los cuestionamientos de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que realizó observaciones a la cuenta pública 2024 del IEE por 138 millones 801 mil 134.37 pesos.
Investigan contratos millonarios de cinco empresas
Durante su comparecencia, el contralor también reveló que cinco compañías habrían simulado competencia para concentrar contratos de materiales electorales por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025.
Las empresas señaladas son Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México.
El OIC mantiene 18 expedientes relacionados con estos hechos: 13 continúan en investigación y cinco ya avanzaron a procedimientos de responsabilidades administrativas.
Además, el funcionario identificó posibles conflictos de interés y sobrecostos superiores a 26 millones de pesos en las contrataciones revisadas.
Los señalamientos colocan nuevamente bajo escrutinio la contratación realizada durante la administración de Blanca Cruz en Puebla, aunque las observaciones y procedimientos abiertos no representan, por sí mismos, una resolución definitiva sobre responsabilidades.
Ilustración: Iván Rojas
