La Fiscalía General de la República (FGR) realizó una diligencia en oficinas administrativas del Instituto Nacional Electoral (INE) como parte de las investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción y contrataciones irregulares durante la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.
De acuerdo con reportes periodísticos, la intervención ocurrió el miércoles 11 de noviembre en el edificio Torre Zafiro, ubicado sobre Periférico Sur, en la colonia Jardines del Pedregal, Ciudad de México.
Los agentes federales revisaron instalaciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y áreas vinculadas con adquisiciones, responsables de gestionar procedimientos de contratación, licitaciones y compras institucionales.
Las diligencias se concentraron en dependencias anteriormente encabezadas por Mario Alfonso Burciaga Esparza, exfuncionario que renunció después de difundirse grabaciones de reuniones con proveedores del organismo electoral.
Investigan contratos y posibles actos de corrupción en el INE
La intervención se relaciona con investigaciones sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a empresas proveedoras, entre ellas las vinculadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
El caso adquirió relevancia tras la difusión de materiales audiovisuales que motivaron cuestionamientos sobre la relación entre antiguos funcionarios y contratistas del instituto.
Previamente, el Órgano Interno de Control del INE presentó seis denuncias penales ante la FGR, relacionadas con posibles conductas como tráfico de influencias, cohecho y uso ilícito de atribuciones.
Las investigaciones también involucran señalamientos contra Guadalupe Taddei, quien formalizó su renuncia a la presidencia del INE el 26 de octubre de 2026, después de las controversias relacionadas con su administración.
El procedimiento busca esclarecer si existieron irregularidades en el manejo de recursos públicos y en los procesos de contratación.
Hasta el momento, no se han informado resoluciones judiciales que acrediten responsabilidad penal de las personas señaladas, mientras continúan las investigaciones correspondientes.
Fotografía: Redes
