El Gobierno de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, aprobó la creación de un registro nacional de organizaciones criminales con prácticas terroristas, en medio de cuestionamientos por las detenciones de artistas y activistas realizadas el jueves 19 de noviembre de 2026.
La medida fue anunciada por el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, después de una sesión del Consejo de Ministros, como parte de las facultades legislativas concedidas al Ejecutivo mediante la Ley 32743.
El nuevo mecanismo permitirá identificar organizaciones y presuntos colaboradores mediante información recopilada por los servicios de inteligencia, cuya evaluación corresponderá al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena).
Aunque el Ejecutivo presenta la iniciativa como una herramienta contra la delincuencia organizada, su aplicación plantea interrogantes sobre los criterios para clasificar agrupaciones como terroristas y las garantías para evitar posibles abusos.
Detención de artistas provoca denuncias por posible criminalización cultural
Ese mismo jueves, la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) detuvo a los músicos Pedro Gonzalo Mosqueira Velásquez, conocido como Pedro Mo, y Brenda Denisse Mejía Sinarahua, Brenda Jah, durante operativos realizados en Cusco y Lima.
Las autoridades investigan presuntos vínculos con una organización terrorista a través del colectivo cultural Escuela Rebelde Saturnino Huillca.
Sin embargo, Pedro Mo rechazó pertenecer a una agrupación armada y explicó que sus actividades están relacionadas con expresiones artísticas y comunitarias.
Su defensa cuestionó la legalidad de la detención, mientras congresistas opositores solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo para supervisar las condiciones de los detenidos.
El procedimiento contempla 15 días de detención preliminar, sin que ello constituya una declaración de culpabilidad.
Paralelamente, el Gobierno anunció la construcción de dos establecimientos penitenciarios en Huacho, uno de ellos con apoyo estadounidense.
La coincidencia entre las detenciones y el endurecimiento de las medidas de seguridad intensificó el debate sobre libertad de expresión, derechos civiles y garantías judiciales en Perú.
Fotografía: Redes












