En días recientes, un fuego cruzado con Javier Negre atizó una inquietud que cada cierto tiempo emerge en mis adentros. Por un lado, puedo aceptar que la apertura al diálogo es condición necesaria para una democracia sana. En el anverso, episodios como el de Cerimedo (preso en Bolivia) dan fe de que los jugadores de poder distorsionan las redes con el patrocinio de grandes intereses de Estado. Esta tensión da pie a una pregunta vigente: ¿cuándo es válido bloquear a un usuario?
Desconfío de las respuestas tajantes. La regla dorada de Kant no basta: yo mismo repudio ser bloqueado —infrecuente cuando domo la tentación del insulto—, aunque tampoco deseo a nadie la calumnia, que en el mejor caso solo tizna. Sumada al predicamento la salud de construcciones sociales como la democracia o el bien común, la decisión de excluir con un simple clic gana complejidad moral y sustancia colectiva. Adaptando el monólogo del príncipe Hamlet a las exigencias del siglo, bloquear o no bloquear es uno de los mayores dilemas cotidianos.
No sería gran tema si las redes sociales fueran una mera pista secundaria del combate ideológico. Lejos de ello, están convertidas en arena central. En el mejor caso, asumido de buena fe, Negre y sus patrones y huestes atienden un genuino impulso activista a dar la “batalla cultural”. A regañadientes, las izquierdas aceptan el reto combativo. En defensa nuestra, obsequiar espacios de maniobra e influencia mediática rima con la derrota. En elecciones competidas y sociedades polarizadas como las de hoy, cualquier ventaja pesa.
Es claro que los grandes escenarios están distorsionados por la capacidad de fuego (i. e., el dinero). El caso Cerimedo delató los alcances de granjas de bots que engendran ataques coordinados. Hasta el más escéptico tuitero —amodorrado en la cueva de Platón— queda resignado a aceptar lo evidente, a saber, que la opinión pública es manipulada por máquinas disfrazadas de humanos. En redes sociales, la técnica lastima el bien común. Exigir estoicidad es como aventar al gladiador a los leones sin más armas que las manos.
En esa disputa por influir, los derechos de las partes quedan conflictuados. El derecho a la información es propenso a la relatividad. ¿Tiene obligación de publicar en X (antes Twitter) una persona de interés? Y, si ya lo hace, ¿es necesario que pretenda tener un alcance que nunca será homogéneo? A fin de cuentas, X es usado de forma activa y recurrente por una minoría ruidosa.
El caso Cerimedo delató los alcances de granjas de bots que engendran ataques coordinados. Hasta el más escéptico tuitero —amodorrado en la cueva de Platón— queda resignado a aceptar lo evidente, a saber, que la opinión pública es manipulada por máquinas disfrazadas de humanos.”
Así como el derecho a la expresión y a la información son pilares democráticos, pueden quedar reducidos a letra muerta. Crecientemente, las granjas de cuentas centralizadas usurpan la conversación, arrebatan clics y restan atención a las publicaciones moderadas. En escenarios extremos, crean ambientes de exclusión donde quienes son adversos a la toxicidad se excluyen por autoselección. De manera llana, es común conocer gente ajena a X que evade la aplicación por una proclividad respetable a tomar distancia del conflicto. La virulencia de unos margina del debate a otros.
En un plano de exposición distinto, quien es diana de agresiones —la víctima de los energúmenos— ve afectados derechos fundamentales. Las redes sociales facilitan el ataque y dificultan la defensa. Dice el exboxeador Mike Tyson que «hicieron que la gente se sintiera demasiado cómoda faltando al respeto a los demás sin recibir un puñetazo en la cara por ello». Esa virulencia agota. Si quien publica es atacado de forma coordinada, el derecho a la salud (mental, en este caso) es vulnerable, por más que la embestida sea digital. En casos extremos, cuando la reputación o el equilibrio emocional son menguados, el derecho al trabajo, a la libertad y a la vida misma pierden sustancia por obra del victimario colectivo o, peor aún, automatizado.
Este predicamento opera de forma heterogénea. El grosor de la piel y la capacidad de soportar críticas e improperios son filtros de primera línea. Otros diferenciadores no conductuales elevan la subjetividad del dilema. Por ejemplo, quien obtiene ingresos en función de la capacidad intelectual se expone más que un trabajador manual o un rentista.
¿Tiene obligación de publicar en X (antes Twitter) una persona de interés? Y, si ya lo hace, ¿es necesario que pretenda tener un alcance que nunca será homogéneo?”
Por estas razones, el predicamento es irreducible a un velo de objetividad. No hace falta ser lince para ver que las sentencias de tribunales electorales que obligan a candidatos y servidores públicos a desbloquear usuarios favorecen la distorsión y toxicidad de la opinión pública. Además, esas medidas judiciales son redundantes desde que Elon Musk permitió a todo usuario acceder a las publicaciones de su bloqueador. El derecho a la información, preservado comoquiera por los canales alternativos de difusión, está garantizado.
Reducido el dilema al ámbito individual que escapa de la regulación, la tarea restante es buscar ordenar la subjetividad con algún mínimo de justicia. Sin pretensión de objetividad, tres criterios simples (rules of thumb) me funcionan como filtros de evaluación para candidatos a ser bloqueados. La primera castiga el insulto: el abuso de improperios intencionales es suficiente. La segunda es activada con el hedor de automatización: una cuenta con menos de 200 seguidores —número arbitrario—, el abuso de hashtags y un avatar apócrifo huele a bot. La tercera es la violación de la privacidad: cualquier referencia personal con la intención de exhibir atropella la discusión argumentativa. Para el indiferente y el estoico, un filtro superior exigiría el cumplimiento de al menos dos de tres reglas.
Las redes sociales son un juego de suma cero. Cada impulso artificial criado en granjas de bots no solo premia al amigo-cliente. Por diseño del algoritmo, que reparte atención finita en tiempo y espacio, cada manipulación también castiga al rival-víctima. El efecto es compuesto. Bloquear o no bloquear sigue siendo un dilema humano, no reducible al algoritmo. Regular el predicamento, y no la automatización intensiva, equivale a obsequiar la llave del gallinero a zorros como Cerimedo.
