Hay noticias que nadie quisiera escribir. La confirmación de la muerte de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán es una de ellas. No sólo porque una comunicadora perdió la vida de manera violenta, sino porque detrás de ese hecho existe una familia que durante semanas vivió el peor de los tormentos: la incertidumbre de no saber dónde estaba su ser querido.
Reitero mis condolencias a sus familiares, colaboradores, amigos y colegas. Me sumo a la exigencia de que este crimen no quede impune y de que las autoridades esclarezcan completamente los hechos. Ninguna sentencia devolverá la vida a Roxana, pero la justicia sigue siendo indispensable para impedir que la violencia continúe imponiendo su ley.
Existe un aspecto profundamente doloroso que no puede pasar inadvertido. Por lo menos los restos de Roxana fueron localizados. Lo sé, es una afirmación cruel, pero en el México contemporáneo representa una diferencia enorme frente a los miles de familias que siguen buscando a sus hijos, padres, esposas o hermanos sin tener siquiera la certeza de su destino.
La desaparición de una persona es una forma permanente de tortura para quienes la aman. Cada llamada telefónica, cada noticia, cada hallazgo de una fosa clandestina renueva la esperanza y el miedo. El duelo queda suspendido porque nunca existe una respuesta definitiva. Por eso, aunque el desenlace en este caso sea devastador, al menos terminó el infierno de la incertidumbre para sus seres queridos.
La investigación realizada por autoridades federales, Marina y estatales permitió ubicar el cuerpo e iniciar una nueva etapa del proceso judicial. Asimismo, la Fiscalía informó sobre la detención de varios policías municipales como presuntos responsables de participar en el secuestro y asesinato de la periodista. Corresponderá ahora a los jueces determinar, con base en las pruebas presentadas, la responsabilidad penal de cada uno de los imputados y garantizar un proceso conforme a derecho.
Independientemente del resultado judicial, el caso deja al descubierto problemas estructurales que México lleva décadas arrastrando.
El primero de ellos es la persistente infiltración de la delincuencia organizada en corporaciones policiales municipales. Desde hace años se ha insistido en la necesidad de fortalecer los controles de confianza, profesionalizar a los cuerpos policiacos y depurar a quienes utilizan el uniforme para servir a intereses criminales. Casos como éste muestran que esa tarea continúa inconclusa.
La policía representa el primer contacto entre el Estado y los ciudadanos. Su uniforme simboliza autoridad, protección y confianza. Cuando un policía participa en un delito, no sólo traiciona su juramento; también destruye la credibilidad de toda la institución. Cada elemento corrupto multiplica la desconfianza hacia miles de policías honestos que diariamente arriesgan su vida cumpliendo con su deber.
Durante muchos años se creyó que bastaba con cambiar mandos o aplicar controles administrativos para resolver el problema. La realidad demuestra que la infiltración criminal es mucho más profunda. Los grupos delictivos buscan controlar policías municipales porque ello les permite obtener información privilegiada, garantizar impunidad y utilizar recursos públicos para proteger sus operaciones.
Por ello, la depuración policial no puede convertirse en un discurso sexenal ni en una promesa de campaña. Debe transformarse en una política permanente del Estado mexicano, acompañada de inteligencia financiera, supervisión ciudadana, controles patrimoniales, mejores salarios, capacitación continua y sanciones ejemplares para quienes traicionen su función pública.
La segunda gran lección tiene que ver con los protocolos de reacción inmediata. Las primeras horas posteriores a una desaparición suelen ser decisivas. Cada minuto que transcurre disminuye las posibilidades de localizar con vida a la víctima. México ha avanzado en la creación de mecanismos como la Alerta Amber, el Protocolo Homologado de Búsqueda y diversas unidades especializadas; sin embargo, los resultados siguen siendo desiguales entre entidades federativas.
No basta con activar una carpeta de investigación. Se requiere una coordinación inmediata entre fuerzas federales, estatales y municipales; acceso oportuno a cámaras de videovigilancia; geolocalización, inteligencia tecnológica, análisis financiero y capacidad operativa suficiente para intervenir en tiempo real.
La experiencia demuestra que cuando las autoridades actúan durante las primeras horas, aumentan significativamente las posibilidades de rescatar a las víctimas con vida. Cuando la respuesta institucional se retrasa, la ventaja suele quedar del lado de los delincuentes.
El tercer aspecto merece un debate responsable. Cada vez son más los ciudadanos que cuestionan si el actual marco legal ofrece herramientas suficientes para la legítima defensa dentro del domicilio. La percepción de inseguridad, la expansión territorial de grupos criminales y la sensación de vulnerabilidad han llevado a diversos sectores a proponer una revisión de la legislación relativa a la posesión de armas de fuego para defensa del hogar. Se trata de un tema extraordinariamente complejo que no admite respuestas simples.
Por una parte, existe el derecho legítimo de toda persona a proteger su vida y la de su familia cuando enfrenta una agresión ilegal. Por otra, una flexibilización indiscriminada podría incrementar accidentes, violencia intrafamiliar o el uso indebido de armas. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre el derecho a la legítima defensa y la obligación del Estado de garantizar la seguridad pública.
Lo verdaderamente preocupante sería que los ciudadanos sintieran que deben sustituir al Estado para protegerse. Ninguna democracia sólida puede normalizar esa idea. La seguridad debe seguir siendo una responsabilidad esencial de las instituciones públicas. Este crimen también obliga a reflexionar sobre la situación que viven los periodistas mexicanos.
Ejercer el periodismo implica fiscalizar al poder, documentar la violencia y dar voz a quienes muchas veces no la tienen. Esa labor incomoda tanto a autoridades corruptas como a organizaciones criminales. Cuando un periodista es amenazado, desaparecido o asesinado, el daño rebasa a la víctima: la sociedad pierde información, transparencia y libertad. No se trata únicamente de proteger a quienes portan una credencial de prensa. Se trata de defender el derecho de todos los ciudadanos a estar informados.
Durante décadas, México ha figurado entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo en tiempos de paz. Ello obliga a revisar permanentemente los mecanismos de protección, fortalecer la coordinación institucional y garantizar investigaciones eficaces que rompan el ciclo de impunidad.
Las investigaciones judiciales deberán determinar con precisión los móviles del crimen y establecer todas las responsabilidades. La justicia no puede limitarse a identificar a los autores materiales; también debe esclarecer si existieron redes de protección, omisiones institucionales o estructuras criminales que facilitaron los hechos.
Finalmente, este caso representa un enorme desafío para el gobierno de Veracruz. Más allá de los resultados que obtenga la investigación, existe una exigencia legítima de la sociedad: reconstruir la confianza en las instituciones encargadas de brindar seguridad. La ciudadanía espera una estrategia sostenida para combatir la corrupción, fortalecer a las policías, profesionalizar a sus integrantes y evitar que intereses criminales capturen espacios del Estado.
No basta con detener a quienes presuntamente participaron en este caso. Es indispensable revisar las condiciones que hicieron posible que ocurriera. Las instituciones públicas recuperan legitimidad no cuando afirman que todo está bajo control, sino cuando son capaces de reconocer sus debilidades, corregirlas y ofrecer resultados medibles.
Roxana Berenice Guzmán ya no regresará con su familia. Esa es la tragedia irreparable. Pero el mayor homenaje que puede hacerse a su memoria consiste en impedir que otra familia vuelva a atravesar el mismo infierno. Porque una democracia donde asesinan periodistas es una democracia herida. Y un Estado que permite que la corrupción alcance a quienes deben proteger a los ciudadanos termina perdiendo aquello que justifica su existencia: la confianza de la sociedad.
Que este crimen no sea solamente una estadística más. Que sea el punto de partida para una revisión profunda de nuestras instituciones de seguridad, de los mecanismos de protección a periodistas y del combate frontal contra la impunidad. Sólo entonces podrá afirmarse que la muerte de Roxana no fue ignorada por la historia.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
