Para acrecentar nuestra desesperación: hace 85 años el mundo parecía más oscuro que ahora, el ascenso del nazismo era imparable. Hoy, el imperio aún es incontenible. La reconfiguración económico-política mundial junto con la aceleración tecnológica pertenecen a la zozobra de nuestros propios tiempos, su impacto reflejado en las máquinas de muerte, la guerra algorítmica, la tecnologística transhumana, el auge de las criptomonedas y la inteligencia artificial, vierten todo su potencial y capacidades para perfeccionar el despojo de recursos y catalizar el desecho de vidas humanas, ya de por sí considera sobrantes para el sistema capital contemporáneo. Es un hecho que esta aceleración beneficia ampliamente el aparato del estado y, por supuesto, optimiza a las corporaciones transnacionales legales y criminales como el narcotráfico, que nos demuestran que sin importar las pérdidas humanas ni la huella ecológica que tienen como costo, el margen de ganancia capital aumenta año con año.
Muchas veces, la discusión pública sobre el narcotráfico en México termina reducida a dos frases que funcionan como amuletos, la del gobierno que dicta abrazos y no balazos, y la de la oposición, que sueña con una guerra frontal contra el crimen organizado, un estado de excepción al estilo Bukele y los más plus ultras, piden abiertamente la intervención de gobiernos extranjeros, con la creencia de que arrodillarse ante el agresor garantiza la paz. Sin embargo, ambas consignas generalizan particularidades de la realidad, no porque no existan decisiones y acciones políticas detrás de cada una, sino porque la escala del fenómeno y la arquitectura del Estado son más grandes que cualquier slogan electoral. Así que, a mitad de año, conviene revisar el presupuesto de seguridad pública nacional 2026 y las cifras de violencia que siguen trastornando el ritmo del país.
Si miramos el gasto público, la idea de que el Estado sólo da abrazos sin invertir en seguridad se caricaturiza pronto. Para el 2026, el gasto programado para la función “Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior” asciende a $62,296.1 millones de pesos, según los tableros oficiales de Transparencia Presupuestaria¹. Esta cifra, por sí sola, no explica toda la inversión ejercida, porque la seguridad se desparrama por ramos, programas, fideicomisos y funciones que no siempre se etiquetan como seguridad en una única línea, pero sirve para romper el lugar común sobre que el Estado sólo reparte afecto y permite que el foco crítico vaya a lugares más específicos, como preguntarnos cómo se distribuye ese ejercicio presupuestario.
El propio análisis del Senado sobre el presupuesto muestra que este rubro creció respecto al 2025, en buena medida por el aumento asignado a Guardia Nacional, al mismo tiempo que otros componentes asociados a seguridad nacional presentan variaciones y ajustes². Mi punto no es armar una defensa del presupuesto, sino mostrar que el Estado no está desarmado por decisión retórica, ni es un aparato desprovisto de recursos, ya que cada año aumenta el gasto en seguridad nacional. Pensemos en cómo se usa ese presupuesto, en qué dispositivos produce con ello y no sólo en generalizar que “no existe seguridad”, porque esta generalización nubla críticas más desarticulantes y focalizadas a temas de la seguridad que se necesitan transparentar.
No obstante, en el caso del gobierno actual, la política de seguridad es una mezcla de inversión en fuerzas de seguridad pública y redistribución de la renta como refuerzo de la prevención social. Ahí, en la redistribución de la renta se instala el componente de los abrazos, se expresa como gasto social con límites, pero con presupuestos enormes. Tan sólo la “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” se ubica en $526.5 mil millones de pesos, según coberturas y reportes presupuestarios que citan el paquete económico³. También se suma el universo de becas y transferencias, por otros rubros, lo que no debe idealizarse como prevención automática, pero sí debe leerse como una estructura estatal doble, con fuerza pública y transferencia social conviviendo con el mismo objetivo. Ahora bien, puede parecernos alto el costo de los programas sociales, pero representan un bajo porcentaje del gasto neto total aprobado para el gasto del estado mexicano este 2026, que se encuentra en $10,193,683,700,000 pesos mexicanos (es decir 10 billones 193 mil 683 millones 700 mil pesos mexicanos).
Sin embargo, a pesar de este cambio significativo, el Estado no logra desmantelar la maquinaria criminal y a pesar de que parece disminuir el número de homicidios y desaparecidos, el tráfico, consumo y producción de drogas y armas continua en aumento, lo que obliga a otra lectura que rebase la de falta de voluntad moral.
Para que este balance no sea triunfalista ni ciego, hay que mirar los indicadores de violencia que rompen cualquier sensación de control. INEGI reportó 33,241 homicidios en 2024; 71.8 por ciento fueron cometidos con arma de fuego⁴. De acuerdo con INEGI, en el 2025 el número de homicidios disminuyo a 27, 989, manteniendo el porcentaje en 71.9 con arma de fuego. Si uno toma este dato como una foto, ya es brutal. Si lo toma como clima, es peor, porque lo que duele no es sólo el número, es la normalización de la violencia y de la cantidad de armas de fuego que se utilizan con este propósito. En paralelo, el gobierno ha insistido en reducciones de promedios diarios en ciertos cortes del ciclo 2025 y 2026 y puede haber descensos en rubros específicos, pero la interpretación exige cuidado, porque incluso cuando baja un indicador otros se recrudecen como el tráfico de armas, la extorsión, el control territorial, la corrupción institucional, economías de renta criminal en lo local, daño ambiental, etc.
Además, hay un indicador que desmiente cualquier relato de normalidad, la desaparición de personas. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas muestra un acumulado nacional que sigue rebasando los 130 mil registros y el propio buscador oficial permite consultar el universo de casos y sus estatus⁵. Algunos Colectivos de buscadoras, ONGs y prensa han documentado cortes específicos en 2026 por encima de 133 mil registros⁶. Aquí hay un campo gris enorme que rebasa muchas veces las herramientas metodológicas que terminan por maquillar una herida social, porque aun si parte de los registros cambian de estatus, la pregunta no se resuelve corrigiendo una hoja de cálculo, se resuelve con la entrega de los cuerpos o sus restos, con justicia, verdad, algo que rara vez aparece.
Aquí, debo agregar el tema geopolítico, porque durante el 2025 y lo que llevamos de 2026 han estado marcados por una reconfiguración política injerencista por parte del gobierno estadounidense que se expresa de manera abierta y frontal. La narrativa que han impuesto sobre el narcotráfico como terrorismo no sólo busca castigar a grupos armados, también busca habilitar operaciones, sanciones, lawfares, bloqueos y formas de intervención con menos costos políticos, sumado el despojo de recursos, como ha sucedido explícitamente con el gobierno de Venezuela, pero que ya ha hecho antes con otros como Irak, Siria, Libia o Afganistán. No sólo se trata de seguridad mexicana, también del territorio hemisférico occidental. El término Doctrina Donroe [término autoproclamado por el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quizá debemos pensar uno más adecuado a la brutalidad que lo caracteriza] se ha instalado precisamente para describir esa intensificación de predominio en la región.
Por eso vale la pena agregar una comparación incómoda. Mientras en México discutimos si el Estado abraza o dispara, Estados Unidos opera con presupuestos de defensa y seguridad interior que se miden en billones de dólares y además con una capacidad de proyección militar que ningún país latinoamericano puede equilibrar. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos publica cada año su solicitud presupuestaria, y la escala de su gasto es otra galaxia ($961.6 billones de dólares)⁸, a esto se debe sumar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional que articula fronteras, vigilancia, agencias y dispositivos de control transnacional⁹ (aproximadamente $85 billones de dólares); ahí queda visible la mano invisible del mercado de la guerra y qué países se benefician de producir violencia bélica. Esto no es un dato para rendirse, es un dato para pensar, a veces discutimos la seguridad como si fuera un asunto doméstico aislado, una escena clásica de policías y ladrones cuando en realidad se juega con asimetrías estructurales, sobre todo cuando el gobierno vecino tiene la capacidad nuclear para destruir cualquier presupuesto de seguridad nacional.
En este punto el slogan se cae por ambos lados. Decir abrazos no balazos como si fuera un decreto que se cumple por enunciación, o exigir el regreso de una guerra frontal y total como si México fuera un tablero pequeño, es desconocer la dimensión material del problema. El territorio mexicano es también un territorio continental, atravesado por cadenas logísticas legales e ilegales, por una frontera que es mercado y trauma lacerante, por puertos que son arterias comerciales internacionales, por aduanas que son palancas del mercado, por flujos financieros que pueden lavar lo indecible.
Si bien, el abrazos no balazos apunta a un problema real como el reclutamiento, es insuficiente por sí solo, pero proponer la mano dura total en México es sumamente absurdo, sobre todo si se cree que una guerra contra una corporación transnacional criminal, conectada a químicos, armas, rutas, con gobiernos y financieras mundiales de gran capital a su favor, se le gana disparando todos los cartuchos, la guerra no es un botón, siempre habrá más cartuchos por disparar. En México seguimos viviendo el costo humano desde 2006 y, como he expresado en columnas anteriores, la violencia también funciona como fuerza económica para el narcotráfico, encarece rutas, disciplina territorios, monopoliza mercados, desplaza población y fortalece industrias de muerte, regresar a la guerra frontal contra el narcotráfico es fortalecer su mercancía. Permitir la intervención extranjera para combatir a los carteles de las drogas es impensable, sabemos por la historia del territorio latinoamericano el resultado que la injerencia de la CIA y la DEA produjeron en la región.
Entonces, cuánto del debate público permanece estancado en narrativas diseñadas para contiendas electorales, útiles para obtener réditos inmediatos, pero inútiles para tocar las fibras que sostienen la gobernanza criminal local, hemisférica y mundial. Porque mientras discutimos generalidades, el mundo se acelera, los imperios mundiales se reacomodan para extenderse y sin replegarse, el narcotráfico se adapta y la vida cotidiana sigue siendo una parte de una guerra perpetua.
Referencias
- Transparencia Presupuestaria, Función Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior, 2026 https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
- Senado de la República, análisis del presupuesto y variaciones 2025 a 2026 https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/9564-presupuesto-de-egresos-2026-proyecto.html
- El Economista, monto de Pensión del Bienestar en el presupuesto 2026 https://www.eleconomista.com.mx/economia/pension-bienestar-aumenta-62-presupuesto-2026-20251117-736748.html
- INEGI, Estadísticas de defunciones registradas, homicidios 2024 y porcentaje por arma de fuego https://www.inegi.org.mx/temas/mortalidad/
- RNPDNO, buscador y tableros oficiales https://buscador.rnpdno.segob.gob.mx/
- Cobertura de corte 2025 con cifras por encima de 133 mil, ejemplo en El Economista https://www.eleconomista.com.mx/politica/desaparecidos-mexico-2025-supera-133-mil-20251124-736983.html
- Discusión pública sobre Doctrina Donroe y acciones hemisféricas, referencia descriptiva https://en.wikipedia.org/wiki/Donroe_Doctrine
- Department of Defense, FY 2026 Budget Request, documentación oficial https://comptroller.defense.gov/Budget-Materials/
- Department of Homeland Security, Budget in Brief FY 2026 https://www.dhs.gov/publication/dhs-budget-in-brief
