La noticia corrió como pólvora. Las autoridades habían asegurado más de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato. Por el volumen, inmediatamente se presentó en medios y redes sociales como un golpe histórico contra el huachicol. No era para menos: estamos hablando de más de 59 millones de litros de gasolina y diésel. Sin embargo, desde el principio había algo extraño. En un operativo de semejante magnitud no hubo una red de empresarios detenidos en la terminal ni una explicación completa sobre el origen ilegal de semejante cantidad de combustible. Había combustible asegurado, pero faltaba demostrar algo fundamental: que efectivamente fuera ilícito.
La historia comenzó el 3 de julio, cuando la Fiscalía General de la República detuvo a una persona que presuntamente descargaba combustible de una pipa con capacidad para 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz, Guanajuato. El detenido no pudo acreditar la trazabilidad del hidrocarburo. Las investigaciones llevaron después a otros cateos: primero a una gasolinera; posteriormente a un inmueble dedicado al despacho de gas LP en Dolores Hidalgo, y finalmente a una terminal de almacenamiento en San José Iturbide. Hasta aquí existe una línea de investigación que debe agotarse. Una pipa sin documentación suficiente constituye, cuando menos, una razón válida para investigar.
El problema comenzó después. El cateo en la terminal permitió asegurar 33 millones 504 mil litros de gasolina regular, más de siete millones 266 mil litros de gasolina premium y aproximadamente 18 millones 265 mil litros de diésel. También fueron asegurados vehículos, documentos contables y facturas. La dimensión del hallazgo provocó que rápidamente se hablara del mayor decomiso de huachicol de la historia. Sin embargo, una cosa es asegurar combustible cuya procedencia debe ser comprobada y otra muy diferente demostrar judicialmente que 59 millones de litros son producto del robo, del contrabando o de una operación de defraudación fiscal. Entre una cosa y otra existe una enorme distancia jurídica.
Después vino el giro de la historia. Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo SIMSA y operadora de la terminal, rechazó que sus instalaciones funcionaran ilegalmente. La empresa afirmó que la operación de la terminal es lícita y verificable y señaló que puso a disposición de las autoridades documentación sobre sus operaciones. Además, sostuvo que no es propietaria de los 59 millones de litros asegurados, porque su actividad consiste en prestar servicios de almacenamiento y logística a terceros. De acuerdo con esta explicación, son los propietarios del combustible quienes deben acreditar su procedencia, propiedad y situación fiscal. Es una diferencia que cambia sustancialmente la lectura inicial del caso.
SIMSA también sostiene que la terminal cuenta con permisos para funcionar y recordó sus antecedentes dentro del mercado energético mexicano. Es decir, no estamos hablando, según la versión de la empresa, de una bodega clandestina escondida en medio del campo, sino de una infraestructura conocida y dedicada formalmente al almacenamiento de hidrocarburos. Esto tampoco demuestra automáticamente que todo el combustible encontrado sea legal. Una instalación autorizada puede recibir eventualmente productos cuya procedencia presente irregularidades. Pero exactamente lo contrario también es cierto: la presencia de combustible bajo investigación dentro de una terminal no convierte automáticamente a la terminal ni a todos sus clientes en integrantes de una red de huachicol.
Aquí está precisamente el centro del problema. En asuntos de esta naturaleza no existen respuestas fáciles ni deberían existir condenas anticipadas. La pipa que detonó la investigación presentaba problemas para acreditar la trazabilidad del combustible y las autoridades tenían elementos suficientes para seguir la ruta. Eso hicieron y llegaron hasta San José Iturbide. Corresponde ahora a la Fiscalía establecer la cadena completa: quién compró el combustible, quién lo importó o adquirió, quién lo transportó, quién lo almacenó, quién pagó los impuestos correspondientes y cuál sería, en su caso, el mecanismo utilizado para cometer un delito. Lo que no corresponde es sustituir esta investigación por conclusiones mediáticas adelantadas.
La propia FGR ha matizado el escenario. Hasta el 19 de septiembre señaló que no había recibido de todas las empresas relacionadas la documentación que acreditara completa y fehacientemente la licitud del origen, manejo y destino del combustible. La investigación fue atraída por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, que revisará información empresarial, documentación, entrevistas, propiedad y trazabilidad financiera y fiscal del hidrocarburo. Esto significa que el asunto está lejos de encontrarse concluido. Ni puede afirmarse todavía que los 59 millones de litros sean huachicol, ni puede darse por demostrado que todos sean legales. Precisamente para eso existe una investigación ministerial.
Este episodio debería ser una llamada de atención para la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy. Combatir el huachicol y el contrabando de combustibles es indispensable. Se trata de actividades que dañan las finanzas públicas, afectan a Pemex, distorsionan el mercado y pueden alimentar estructuras criminales. Pero precisamente por la gravedad del fenómeno, cada operativo debe estar acompañado por una investigación sólida. Una Fiscalía no puede actuar bajo la lógica de la espectacularidad. Su responsabilidad no consiste en producir titulares, sino en construir carpetas de investigación capaces de sostenerse frente a un juez y conducir, cuando existan pruebas suficientes, a responsabilidades penales.
La primera lección del extraño caso de los 59 millones de litros es, por tanto, la necesidad de coordinación. La FGR necesita cruzar información de manera inmediata con Pemex, Hacienda, autoridades fiscales, aduaneras, regulatorias y gobiernos estatales. En un mercado tan complejo como el de los combustibles, encontrar gasolina o diésel almacenados no demuestra por sí mismo un delito. Hay que reconstruir documentalmente su recorrido. Facturas, pedimentos de importación, impuestos, contratos, permisos, transportistas, compradores, vendedores y registros volumétricos forman parte de una misma cadena. Si uno de esos eslabones falla, hay que investigar. Pero investigar significa precisamente comprobar los hechos antes de establecer responsabilidades definitivas.
La segunda lección tiene que ver con la comunicación gubernamental. Entiendo perfectamente la necesidad de informar resultados. El huachicol se convirtió durante años en símbolo de corrupción, robo y complicidades. La sociedad exige resultados y quiere conocerlos. Sin embargo, existe una diferencia entre informar que fueron asegurados 59 millones de litros cuya procedencia se investiga y anunciar, o permitir que se instale, la idea de que fueron decomisados 59 millones de litros de huachicol. Las palabras importan. “Combustible asegurado”, “combustible de procedencia no acreditada” y “combustible robado” no significan jurídicamente lo mismo. Una autoridad debe ser especialmente cuidadosa con estas diferencias.
La tercera lección es igualmente importante: la aclaración de una empresa tampoco puede cerrar una investigación. SIMSA tiene derecho a defenderse, presentar sus documentos y explicar públicamente sus operaciones. Su comunicado debe tomarse en cuenta, pero no sustituye la verificación de la autoridad. Corresponderá a la FGR determinar si los permisos están vigentes, si los contratos corresponden con el combustible encontrado y, sobre todo, si cada uno de los propietarios puede demostrar la procedencia legal de sus productos. La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha señalado precisamente que los permisos de operación no bastan para demostrar por sí solos la procedencia de todo el combustible almacenado.
Hay además una pregunta que no debe perderse entre el ruido político y mediático: ¿cómo llegó hasta esa terminal la pipa que dio origen a toda la investigación? Si efectivamente existía combustible sin trazabilidad, la Fiscalía debe identificar al propietario, al proveedor, al transportista, al comprador y al beneficiario final. Si hubo contrabando, debe determinar por dónde ingresó. Si hubo evasión fiscal, debe establecer quién dejó de pagar impuestos y mediante qué mecanismo. Y si existió una red de complicidades oficiales o empresariales, debe desmantelarla completa. El reto no consiste en acumular millones de litros asegurados para una estadística, sino en explicar el funcionamiento de la posible red.
Por eso, la Fiscalía tiene ahora una oportunidad y también un problema. La oportunidad consiste en llegar hasta el fondo de una cadena que comenzó con una pipa de 33 mil litros y terminó en una terminal con más de 59 millones. Si existe una gran operación de contrabando, defraudación fiscal o comercio ilícito de hidrocarburos, deberá demostrarla y detener a sus responsables. El problema es que el tamaño del anuncio elevó también el tamaño de la obligación probatoria. Mientras más espectacular es el aseguramiento, mayor debe ser la contundencia de las pruebas. De otra manera, un supuesto golpe histórico puede convertirse en un serio problema de credibilidad institucional.
No se trata de defender anticipadamente a SIMSA ni de desacreditar anticipadamente a la FGR. Se trata de algo mucho más importante: exigir que cada quien demuestre lo que afirma. La empresa debe acreditar sus permisos, contratos y operaciones; los propietarios del combustible, su procedencia y obligaciones fiscales; y la Fiscalía, los elementos que sustentan la posible comisión de delitos. Así funciona un Estado de derecho. La presunción de inocencia no significa detener una investigación y el combate al crimen tampoco significa suspender la presunción de inocencia. Ambas cosas pueden y deben coexistir. La eficacia de una Fiscalía se mide por las sentencias que obtiene con pruebas, no por el tamaño de sus anuncios.
El extraño caso de los 59 millones de litros todavía no termina. Puede convertirse en uno de los golpes más importantes contra el mercado ilegal de combustibles o puede revelar fallas graves de coordinación, investigación y comunicación institucional. Hoy no existen elementos públicos suficientes para escoger definitivamente una de esas dos historias. Por eso, la principal enseñanza es sencilla: en investigaciones de esta magnitud hay que caminar sobre terreno firme y, como dice el refrán, tener los pelos de la burra en la mano. Primero investigar, después comprobar y finalmente informar. Porque combatir el huachicol requiere firmeza, pero también precisión. Y una Fiscalía fuerte no es la que anuncia primero, sino la que demuestra sus acusaciones ante la justicia.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
