La pregunta se repite con insistencia en medios de comunicación y redes sociales: ¿Estados Unidos está al borde de un estallido social como consecuencia de las políticas autoritarias del presidente Donald Trump? Antes de responderla, conviene hacer un ejercicio de rigor político e institucional. No toda protesta es preludio de una guerra civil, ni toda crisis de legitimidad desemboca de inmediato en el colapso del Estado. Sin embargo, cuando la violencia del poder se normaliza, cuando los órganos encargados de hacer cumplir la ley comienzan a operar al margen de los principios democráticos y cuando ciudadanos —no migrantes, no extranjeros, sino ciudadanos estadounidenses— son reprimidos o asesinados por agentes del Estado, el problema deja de ser coyuntural y se convierte en estructural.
En ese contexto, el actuar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante las primeras semanas de 2026 constituye un punto de quiebre. Los casos ocurridos el 7 de enero contra la profesora y poeta Renée Nicole Macklin-Good y el 24 de enero contra el enfermero Alex Pretty no son hechos aislados ni errores operativos: son síntomas de una deriva autoritaria que comienza a erosionar el tejido social estadounidense desde dentro.
¿Qué es ICE y por qué importa? El ICE es una agencia federal adscrita al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), creada en 2003 como respuesta directa a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Su función central es hacer cumplir las leyes migratorias y aduaneras dentro del territorio estadounidense. A diferencia de la Patrulla Fronteriza (CBP), ICE no opera en las fronteras, sino en el interior del país. Es, en los hechos, un órgano de control interno con amplias facultades administrativas, policiales y penales.
La agencia se divide en dos grandes áreas. Por un lado, las Operaciones de Deportación y Control (ERO), encargada de localizar, detener y deportar a personas sin estatus migratorio regular, administrar centros de detención y ejecutar órdenes de deportación. Es el rostro más visible —y más temido— de ICE, pues realiza redadas en domicilios, centros de trabajo y espacios públicos. Por otro lado, las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con un perfil más cercano al de una policía de investigación, enfocada en tráfico de personas, narcotráfico, delitos financieros y amenazas a la seguridad nacional.
En el papel, ICE es una agencia administrativa con funciones específicas. En la práctica, se ha convertido en un cuerpo cuasi militarizado, con una autonomía operativa que, bajo el segundo mandato de Donald Trump, ha sido utilizada como brazo ejecutor de una política migratoria punitiva y de control social.
ICE ha sido una agencia controvertida desde su creación. Separación de familias, detenciones prolongadas sin sentencia penal, condiciones infrahumanas en centros de detención y uso discrecional de la fuerza han sido constantes documentadas durante años. Sin embargo, lo ocurrido a inicios de 2026 marca una diferencia cualitativa: la violencia ya no se ejerce únicamente contra migrantes indocumentados o comunidades racializadas, sino contra ciudadanos estadounidenses que protestan de manera pacífica.
Los asesinatos de Renée Nicole Macklin-Good y Alex Pretty durante protestas en Minneapolis detonaron una ola de indignación que no puede explicarse sólo como empatía con las víctimas. La reacción social —manifestaciones masivas con temperaturas de hasta -20 °C— revela algo más profundo: la percepción de que el Estado ha cruzado una línea peligrosa.
La narrativa oficial fue, además, un agravante. En lugar de reconocer los hechos o anunciar investigaciones imparciales, las autoridades calificaron a ambas víctimas como personas violentas que representaban un peligro para los agentes migratorios. Un discurso falaz, construido para justificar el uso letal de la fuerza y para enviar un mensaje disuasivo a la sociedad: protestar puede costar la vida.
Tres elementos explican el deterioro acelerado del actuar de ICE. El primero es el reclutamiento masivo de al menos 600 nuevos agentes —probablemente más— sin la capacitación adecuada y con antecedentes ideológicos preocupantes. Testimonios internos y filtraciones periodísticas han documentado la presencia de actitudes abiertamente racistas y una lógica de enemigo interno.
El segundo elemento es la militarización simbólica y real: agentes portando armas de alto calibre, con el rostro cubierto y operando como fuerzas de ocupación en barrios urbanos. No se trata sólo de seguridad, sino de intimidación.
El tercero es quizá el más perturbador: la estética y el discurso de mando. El comandante general de ICE, Greg Bovino, ha utilizado uniformes y despliegues visuales que evocan abiertamente a fuerzas represivas del siglo XX. No es una exageración de redes sociales ni una metáfora fácil: el propio Bovino ha reforzado esa imagen mediante ademanes, escenografías y narrativas de guerra interna.
Cuando el poder adopta símbolos autoritarios, no lo hace por descuido. Lo hace porque necesita generar miedo para compensar la pérdida de legitimidad.
La reacción de Minneapolis es clave para entender el momento político que vive Estados Unidos. No se trata de una ciudad marginal ni de una protesta sectorial. Es una comunidad diversa, politizada y con memoria reciente de abusos policiales. La indignación no surge sólo por los asesinatos, sino por la certeza de que mañana puede ocurrirle a cualquiera.
Alcaldes y gobernadores, tanto demócratas como republicanos, han comenzado a alzar la voz contra los excesos de ICE. Trump, fiel a su estilo, ha respondido con amenazas: más operativos, más agentes, posible despliegue de la Guardia Nacional en apoyo a las redadas migratorias. El mensaje es claro: orden por encima de derechos.
¿Estallido social o erosión silenciosa? Estados Unidos no está al borde de una guerra civil. Pero sí ha dado un paso decisivo hacia una polarización violenta, donde la diferencia política se gestiona mediante la fuerza. El problema no es sólo electoral, aunque las elecciones legislativas y locales de noviembre serán un termómetro crucial. El problema es la normalización de un régimen que golpea, violenta y mata a sus propios ciudadanos.
El voto duro de Trump ya no es suficiente para sostener la legitimidad de un proyecto que ha cruzado la frontera entre la seguridad y el autoritarismo. Las encuestas muestran una caída sostenida en los niveles de aceptación presidencial y un rechazo creciente a la política migratoria en el primer mes de 2026. No es casualidad: cuando el miedo deja de estar dirigido “al otro” y comienza a tocar a la mayoría, el consenso se rompe.
La historia enseña que los Estados no colapsan de un día para otro. Se erosionan. Y en esa erosión, cada abuso no castigado, cada mentira oficial y cada muerte justificada desde el poder abren grietas que, tarde o temprano, se convierten en fracturas. ICE, hoy, es una de esas grietas. Y Estados Unidos aún está a tiempo de decidir si la cierra con democracia o la profundiza con autoritarismo.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
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