Lo acontecido en la UNAM con el fracasado examen de admisión, denominado Concurso de Selección, aplicado a 158,712 aspirantes, de acuerdo con el comunicado de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, no es sino la confirmación de la crisis aguda que enfrenta el sistema nacional de educación superior, crisis que se ha ido agravando con el correr de los años, casi cuarenta.
Esta crisis estructural no tiene manera de resolverse mientras las políticas públicas sigan siendo las mismas, esto es, mientras sigan fincadas en un sistema que “premia el mérito”.
La meritocracia ha sido el subterfugio para establecer un sistema de castas dentro de la academia. Sólo algunos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII); sólo algunos reciben “estímulos” al desempeño académico; sólo algunos forman parte de los cuerpos académicos; sólo algunos son profesores de carrera, de medio tiempo y tiempo completo, los demás son hora clase (alrededor del 70% en la BUAP y en la UNAM). No importa que dicten las mismas materias. No importa que la ley diga que, a trabajo igual, salario igual. Todo está justificado por la “evaluación por pares” que arroja los puntajes que definen el ingreso del docente, incluido el salario casi inamovible.
La perspectiva meritocrática no sólo se aplicó a la academia, con lo cual el Estado se desentendía de derechos laborales adquiridos y de su responsabilidad de garantizar la profesionalización de la enseñanza universitaria. También se le aplicó al aspirante a estudiar una carrera universitaria. De esta manera el Estado se desentendió de garantizarles a los jóvenes su derecho a la educación, pues ahora tenían que demostrar su capacidad para estudiar, su posibilidad de cumplir los requisitos que la universidad pública les impone.
No importa si la preparación con la que llegan a hacer el examen de “exclusión” es distinta. El examen es un examen estandarizado y no reconoce diferencias de ningún tipo entre las trayectorias escolares: diferencias de origen que conllevan diferencias económicas y sociales insalvables. Si algún tipo de examen violenta el principio de igualdad, en este caso, el de igualdad de oportunidades, es el examen de admisión o, como lo denomina la UNAM, el Concurso de Selección.
Justamente es este término, el de Selección, sobre el que quiero llamar su atención.
En un artículo aparecido en el periódico La Jornada el 31 de julio, se informa que la UNAM “aplicará un examen de control de forma presencial a alrededor de 58 mil aspirantes, ante las irregularidades detectadas en el proceso de admisión para la licenciatura 2026.” De estos 58 mil, casi 22 mil son los seleccionados, o sea los que aprobaron el examen, y el resto son “quienes obtuvieron un número igual o superior al mínimo de aciertos requeridos en procesos anteriores.”
En el comunicado leído por el rector de la UNAM ofrece una disculpa a quienes habían sido aceptados “limpiamente” y les asegura que este examen de control es necesario para dar certeza y equidad al ingreso, además exhorta a los aspirantes y a sus familias a no recurrir a “ayudas fraudulentas”, a no hacer trampa.
Y uno se pregunta ¿certeza de qué? La única certeza que el aspirante tiene es que debe alcanzar el puntaje necesario para ingresar a la universidad. Un puntaje muy alto si quiere estudiar Medicina o Derecho.
¿Equidad para quién? ¿Cómo borrar las enormes diferencias entre las distintas trayectorias escolares que sólo confirmarán el acceso a un número reducido de “privilegiados”?
El sistema público de educación superior ha infiltrado a los jóvenes con una cultura de “sálvese quien pueda”, de absoluto individualismo y ahora ¿les piden que no hagan trampa? ¿Ahora resulta que la moralidad utilitarista es inaceptable? ¿No es buena la acción que genera las mejores consecuencias?
La conducta moral es eso, una conducta, no una prédica y nuestra juventud lleva décadas sometida a una visión mercantilista y cuantitativa de medir sus acciones.
El problema de la educación superior pública no es moral, es estructural y requiere de una transformación profunda fundada en el derecho a la educación integral de la juventud. El incremento del presupuesto a la educación pública es insoslayable.
