El pasado viernes 5 de junio asistí al primer Informe de Labores de la segunda gestión del doctor Giuseppe Lo Brutto como director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Como era de esperarse, toda la comunidad del instituto y sus invitados abarrotaron el recinto para constatar los logros alcanzados por estudiantes, académicos y personal administrativo, logros reflejados en la publicación de libros, premios y emeritazgos concedidos y un sinnúmero de eventos propiciados por la comunidad del ICSyH: su fortaleza académica es indudable y su conducción democrática es palpable.
En representación de la doctora Cedillo asistió la abogada general de la universidad que en sus palabras de respuesta abordó tres puntos: la revisión de los reglamentos de docentes y estudiantes, el sistema de pensiones y el número de horas clase como criterio único del desempeño del académico. Lo que señaló a continuación hace pensar en tres pinzas que se cierran en torno a la garganta del personal docente y, en consecuencia, del sector estudiantil.
De acuerdo con sus datos, la tasa de alumnos por docente dentro del instituto es de 1.8. No la comparó con ninguna otra cifra, pero lo primero que pensé fue que la población estudiantil es de posgrado. Obviamente la docencia que incluye la formación de investigadores (as) requiere de una dedicación y preparación adecuadas a este nivel de estudios.
Por otra parte, hace ya más de una década que Conacyt, ahora la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) ha disminuido el número de becas y ha obligado a los posgrados inscritos en el Programa Nacional de Posgrados (PNP)- y todos los posgrados del instituto están en el PNP- a disminuir el ingreso de alumnos. Esta política ha sido obedecida por la administración de la propia universidad, ignorando que si el (la) alumno (a) admitido (a) no llegara a obtener la beca de posgrado, tendría la posibilidad de decidir estudiar ese programa incluso sin la beca.
Las pinzas aparecen por todos lados, pues los núcleos básicos de los posgrados deben conformarse con al menos diez miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, y obviamente, para pertenecer al SNII tienen que demostrar su “productividad” en investigación, o sea, todo lo que las y los docentes de los institutos de la universidad hacen: dirigir tesis, publicar resultados, organizar y participar en eventos nacionales e internacionales y, por supuesto, realizar todas las actividades que hasta ahora el vigente reglamento, RIPPPA, les señala.
Digo que las pinzas aparecen por todos lados porque apenas salió una convocatoria de SECIHTI (La Jornada, 4 de junio de 2026) dirigida a los Centros Públicos de Investigación en la que se ofrecen 200 nuevas plazas a estas 26 instituciones. Estas plazas serán ocupadas por personas con grado de doctor para desarrollar sus actividades sujetas a 15 Líneas Estratégicas de Investigación. De estas 15 líneas sólo 4 tienen que ver con las ciencias sociales y las humanidades: Economía y política industrial; Historias locales de pueblos y comunidades; Fortalecimiento de lenguas y culturas indígenas; y Análisis de discursos e identidades políticas y humanismo mexicano.
Entre estas cuatro líneas estarían contempladas disciplinas como la Economía, la Antropología, la Historia, la Lingüística y las Ciencias Políticas, y claro, sus modalidades interdisciplinarias.
Obviamente estas plazas no están dirigidas a las universidades públicas autónomas, como la BUAP, pero si pensáramos en los posgrados que ofrece el ICSyH, sus egresados con doctorado con oportunidad de acceder a estas plazas serían los de Ciencias del Lenguaje y los de Historia, pero no los de Estudios Socioterritoriales y Sociología, al menos no directamente.
Mientras se ofrecen 200 plazas de profesor investigador a 26 centros de investigación, cuya matrícula desconocemos, la BUAP pierde tan solo en un año 80 plazas de docentes de tiempo completo y, de acuerdo con el Anuario Estadístico 2024-2025, con una matrícula total de 124,312 alumnos, de entre los cuales 93,741 son de licenciatura y 4,293 son de posgrado.
Obviamente el trato que se está dando a los institutos de investigación de la universidad pública autónoma no es el mismo que se da a las instituciones no autónomas y lo que uno esperaría es que las autoridades de nuestra universidad hicieran lo imposible por defender a sus investigadores (as) y no simplemente someterse a las políticas educativas que ignoran su autonomía.
