En la jerga de los toros bravos se dice que un matador “se pasó de faena” cuando prolonga innecesariamente el tercer tercio, el de la muleta. En lugar de preparar al toro para la suerte suprema, continúa dando pases, algunos innecesarios, hasta que el animal pierde fuerza, cambia su comportamiento o simplemente deja de responder. Pasarse de faena puede ser consecuencia de la inexperiencia del torero para comprender la naturaleza, fuerza y bravura del toro. También puede ser producto del deseo de agradar demasiado al público. En ambos casos, el resultado puede ser el mismo: complicar innecesariamente la hora de tirarse a matar.
¿Qué tiene que ver esta circunstancia taurina con la designación de las candidatas y candidatos de Morena a las 17 gubernaturas que estarán en disputa el próximo año? Mucho. La metáfora sirve para ilustrar lo que está ocurriendo dentro del partido gobernante. La dirigencia nacional de Morena ha prolongado demasiado la faena de la sucesión en los estados. Lo que inicialmente fue presentado como un procedimiento ordenado, sustentado en encuestas, competitividad electoral y acuerdos políticos, se ha transformado en una larga espera que comienza a generar consecuencias dentro de las estructuras locales. El toro sigue en el ruedo y nadie sabe cuándo llegará la estocada.
Morena había establecido inicialmente que hacia finales de agosto designaría sus candidaturas. Estamos a mediados de septiembre y la definición continúa incompleta. No existe, ciertamente, una obligación legal para que el partido hubiera resuelto todas sus candidaturas en agosto. El problema es político: fueron sus propios dirigentes quienes generaron expectativas y establecieron plazos. Cuando una organización política anuncia fechas y después las modifica, el costo no necesariamente está en la opinión pública. Se encuentra, principalmente, entre quienes compiten. Cada semana adicional representa más propaganda, más movilización, más compromisos y mayores posibilidades de enfrentamiento entre los grupos.
El problema adquirió otra dimensión a partir del pasado 10 de septiembre, cuando inició formalmente el proceso electoral 2026-2027. La entrada al proceso supone una vigilancia más rigurosa de la autoridad electoral sobre actos anticipados de campaña, promoción personalizada, propaganda y gastos. Durante meses, los aspirantes se movieron en una precampaña informal: espectaculares, bardas, recorridos, entrevistas, asambleas, informes, encuestas misteriosas y organizaciones ciudadanas espontáneas que aparecieron para promover a determinado personaje. Ahora las cosas deberían ser diferentes. Lo que antes podía presentarse como orgnización partidaria comienza inevitablemente a observarse bajo la lógica de una competencia electoral formal.
Pero existe una consecuencia más delicada. La prolongación de las definiciones está llevando la competencia interna a una segunda etapa. La primera consistió fundamentalmente en promoción personal. Cada aspirante intentó convencer a los militantes, simpatizantes y ciudadanos de que era el mejor posicionado. La segunda etapa es mucho más peligrosa: ya no se trata solamente de promoverse uno mismo, sino de disminuir al adversario interno. Ahí comienzan las campañas negativas, las filtraciones, los expedientes, los señalamientos en redes sociales y las acusaciones anónimas. Guerrero, Baja California y Michoacán ofrecen señales preocupantes de este fenómeno. Mientras más tarde Morena en resolver, mayores serán las posibilidades de que las heridas resulten difíciles de cerrar.
Hace algunas semanas, Morena comenzó finalmente a mostrar sus cartas. Dio a conocer definiciones en cinco entidades: Aguascalientes, Querétaro, Campeche, Sinaloa y Colima. Las características de estos estados son muy diferentes. Aguascalientes y Querétaro son plazas gobernadas por la oposición y, al menos en el arranque, Morena enfrenta ahí competencias particularmente difíciles. Campeche y Colima, por el contrario, son entidades donde el partido tiene una presencia política importante, aunque su peso en el padrón electoral nacional es relativamente menor. La señal verdaderamente relevante estuvo en Sinaloa, donde la sucesión requería mandar un mensaje tanto hacia el interior de Morena como hacia afuera.
Mientras escribo estas líneas, la dirigencia nacional anuncia que dará a conocer sus definiciones para Michoacán y Guerrero. No son dos estados cualesquiera. Ambos tienen un enorme valor político para el movimiento obradorista y una historia profundamente vinculada con las luchas de la izquierda mexicana. También son entidades donde la seguridad pública y la presencia del crimen organizado forman inevitablemente parte de cualquier análisis electoral. Lo que ocurra ahí tendrá una repercusión nacional. Con estas decisiones avanzará el proceso, pero todavía quedarán diez gubernaturas pendientes. Diez toros todavía esperando en los corrales mientras la faena continúa prolongándose.
Hay otro elemento que explica parcialmente la tardanza. Todo indica que las encuestas dejaron de ser el único parámetro para definir candidaturas. Durante años, Morena convirtió las encuestas en una especie de mantra para resolver sus procesos internos. “El pueblo decide”, se decía. En realidad, las encuestas permitían combinar legitimidad política con una buena dosis de pragmatismo. Quien aparecía mejor posicionado tenía mayores posibilidades de obtener la candidatura. El método funcionó mientras Morena era un movimiento en expansión. Sin embargo, ahora que es el partido dominante, gobernando la mayoría de las entidades y con numerosos grupos internos, una encuesta ya no resuelve por sí sola todos los problemas.
La dirigencia nacional ha dejado entrever que existen otros filtros. Entre ellos se encuentra revisar que los futuros abanderados no tengan vínculos con actividades ilegales, particularmente con el robo de combustible, el llamado huachicol, y mucho menos con organizaciones del crimen organizado. El criterio resulta elemental. Ningún partido debería postular a una persona bajo sospechas fundadas de relaciones criminales. El problema es cómo se aplica ese filtro, quién determina su validez y con qué información. Una cosa es revisar antecedentes y otra convertir rumores, filtraciones o acusaciones interesadas en instrumentos para eliminar adversarios internos. Morena necesita filtros, pero también reglas transparentes para aplicarlos.
Aquí aparece una de las grandes contradicciones de Morena en su nueva condición de partido en el poder. Cuando era oposición, el principal problema consistía en encontrar candidatos competitivos. Hoy ocurre exactamente lo contrario: sobran aspirantes. Una candidatura de Morena a gobernador puede representar, en varias entidades, una posibilidad considerable de llegar al poder. Por eso aparecen senadores, diputados, alcaldes, secretarios, dirigentes partidistas y funcionarios estatales dispuestos a competir. El crecimiento electoral multiplicó las ambiciones y los grupos. Gobernar buena parte del país convirtió las candidaturas en bienes políticos extraordinariamente codiciados. Administrar esa abundancia es mucho más complicado que administrar la escasez.
Por eso la dirigencia debe entender que una candidatura no termina con el anuncio del ganador. Después viene la operación cicatriz. El verdadero reto consiste en lograr que quienes pierdan acepten el resultado y trabajen por quien resulte seleccionado. Una encuesta puede decir quién tiene 35 y quién 30 por ciento de reconocimiento, pero no garantiza que el segundo lugar movilice su estructura a favor del primero. Tampoco impide que un aspirante inconforme decida cruzarse de brazos, operar por debajo de la mesa o incluso buscar refugio en otro partido. Las elecciones cerradas pueden perderse no por la fortaleza de la oposición, sino por una fractura dentro del partido favorito.
Morena tiene además otro problema: sus propias reglas de paridad y competitividad. No basta saber quién encabeza las preferencias en cada estado. La definición nacional obliga a observar el conjunto de las 17 gubernaturas, determinar dónde competirán mujeres y hombres y valorar las posibilidades reales de triunfo. Esto convierte la selección en una especie de rompecabezas político. Una decisión en una entidad puede modificar otra. El aspirante mejor posicionado puede no ser necesariamente quien obtenga la candidatura si la distribución nacional exige otra combinación. Es comprensible, por tanto, que la dirigencia necesite tiempo. Lo que no resulta conveniente es prolongar indefinidamente la incertidumbre.
Los demás partidos tampoco pueden presumir demasiado. PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Verde y las restantes fuerzas políticas enfrentan sus propios procesos de selección y negociación. Algunos esperan incluso conocer primero las cartas de Morena para colocar las propias. El proceso electoral comenzó, pero las campañas constitucionales todavía están lejos. Dependiendo de las legislaciones locales, arrancarán entre marzo y abril del próximo año. Desde un punto de vista estrictamente legal hay tiempo. Desde el político, las campañas comenzaron hace meses. Basta recorrer cualquier ciudad donde habrá elección de gobernador para comprobarlo. La legislación establece unos tiempos y la realidad política funciona con otros completamente distintos.
Éste quizá sea el problema de fondo. Ni Morena ni los partidos opositores parecen dispuestos a respetar los tiempos electorales. Todos encontraron mecanismos para adelantarse sin llamarle campaña a la campaña. Son recorridos informativos, asambleas ciudadanas, informes legislativos, encuentros con simpatizantes o ejercicios de posicionamiento. Cambian los nombres, pero no la naturaleza del fenómeno. Tenemos campañas cada vez más largas y elecciones formalmente cada vez más reguladas. Una paradoja mexicana: mientras más normas aprobamos para limitar las campañas, más mecanismos inventan los partidos y aspirantes para comenzar antes. El resultado es una competencia permanente que termina desgastando a candidatos, instituciones y ciudadanos.
Morena todavía conserva una ventaja importante rumbo a 2027: es el partido con mayor presencia territorial y capacidad electoral del país. Precisamente por eso sus errores internos pueden representar un riesgo mayor que los ataques de sus adversarios. En varias entidades su principal competencia no está afuera, sino adentro. El adversario más peligroso de un morenista puede terminar siendo otro morenista inconforme con la candidatura. La dirigencia necesita medir no solamente quién gana una encuesta, sino quién puede gobernar, quién puede unificar al partido, quién resiste una revisión pública de su trayectoria y quién tiene condiciones para enfrentar una campaña constitucional sin convertirse en un problema nacional.
La faena, por tanto, debe terminar. Prolongarla ya no necesariamente ayuda a Morena. Cada día adicional alimenta especulaciones, aumenta gastos, endurece confrontaciones y permite que los aspirantes acumulen agravios. Llegará inevitablemente la suerte suprema: anunciar a las candidatas y candidatos que disputarán las 17 gubernaturas. Entonces comenzará una tarea posiblemente más difícil que seleccionarlos: convencer a quienes no fueron elegidos de permanecer dentro del movimiento y apoyar al ganador. En política, como en los toros, no basta realizar buenos pases. También hay que saber cuándo terminar la faena. Morena corre el riesgo de descubrir que dar pases de más puede complicar innecesariamente la estocada final.
Eso pienso yo, usted qué opina.
@onelortiz
