Diré tres cosas que son obvias, pero que sé que deben ser dichas para hablar sobre este tema, especialmente porque no decirlas lleva a que en ocasiones la gente se refugie en ellas para escapar de las verdaderas discusiones que buscamos en términos de delincuencia.
La primera, es que no existe una razón “esencial” para que en ciertos países existan más delitos que en otros. En el pasado, algunas personas intentaron presentar la idea de que existe una relación entre ciertos elementos -se utilizó el clima, la geografía, la “raza”, la “cultura”, la genética e incluso la comida- y la forma en que se sociabiliza la violencia en un lugar determinado. No, no es que a más calor las personas sean más sexuales, ni que la comida picante haga a la gente más agresiva, ni ganamos nada midiendo la cabeza de las personas o viendo los “marcadores genéticos”. El delito es una cuestión multifactorial, donde las respuestas simples como esas reflejan.
La segunda, que para mi como abogado y profesor de derecho resulta muy interesante -no porque sea cuestionable o dudosa, sino porque la gente no suele entenderlo fácilmente- es que los delitos no existen por sí mismos. Lo que llamamos delito, no es una acción “mala” que el estado identifica y por ello coloca en la ley, sino que cualquier acción puede ser prohibida y sancionada como delito, con independencia de la opinión moral que la sociedad tenga sobre ella. Por ello, basta con que esa prohibición sea eliminada de la ley, para que el delito desaparezca -aunque esa acción siga sucediendo y aunque la sociedad la vea mal-.
La tercera, que resulta obvia si entendemos las dos primeras -y por eso es que las he presentado- es que las ideas del punitivismo no funcionan para lo que dicen que funcionan, que es para reducir los delitos.
Para aclarar todavía más este punto, debemos hablar sobre qué es y cómo funciona el punitivismo. Se trata de una postura que parte de la idea de que para combatir el delito, lo más importante es generar un clima de miedo en quien potencialmente pueda delinquir. Esto se lograría, según ello, a través de una maximización de los castigos para el delito, así como una vigilancia constante sobre todas aquellas personas que son potenciales delincuentes y una mano dura contra ellos. Penas más severas, castigos corporales, la reinstalación de la pena de muerte, obediencia total a las autoridades y sanciones inmediatas y dadas por esa autoridad, en caso de desobediencia de cualquier tipo, así como la violencia como primera respuesta, serían las medidas a tomar en lo inmediato. Reformar el sistema carcelario para hacerlo más peligroso, más duro, más difícil para los reos, limitar las posibilidades de defensa legal efectiva e incluso eliminar la presunción de inocencia -la idea de que nadie es culpable hasta que una sentencia así lo establezca- son igualmente medidas defendidas por esa postura.
Resultan claras las razones por las cuáles tierras como la nuestra, con un problema de violencia sistémica del tamaño que tenemos -debemos ver que nuestro país tiene números de homicidios equivalentes a países en guerra- se sienten atraídas por estas ideas. Cualquier persona que haya sido víctima de un delito, especialmente si fue violento, tendrá un primer impulso para la búsqueda de venganza. El delincuente, quien haya sido el sujeto activo del delito particular que sufrimos, se asume como “un” delincuente, de muchos, de todos y por lo tanto, poco importa cuál de ellos reciba ese trato: cuando se castigue a cualquiera, se estará también castigando a ese.
Esta forma de pensar naturalizada en nuestros espacios cotidianos tiene diversas manifestaciones. Por un lado, los linchamientos y las funas siguen ese principio. No buscamos encontrar ningún tipo de verdad sobre los hechos, ni tampoco generar criterios de castigo sobre acciones particulares. Se busca la venganza. Una venganza genérica, que se reproduce a todos los que han hecho algo, que por ello no requiere que en verdad quien está frente a nosotros sea culpable o incluso, que aquello de lo que se le acusa sea verdaderamente un delito.
En estos días hemos sido testigos de la muerte del Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Se trataba de un político que utilizando el discurso del punitivismo, dijo enfrentarse al crimen organizado. Esta amenaza no es menor en la zona; el cobro de piso, los homicidios y ejecuciones, las desapariciones, las balaceras y enfrentamientos, son cosa corriente en la zona y llenan de terror a los habitantes. El nivel de estos casos llega a tanto, que incluso gente que se opone fervientemente al punitivismo en lo abstracto, congeniaba con su uso por este alcalde, a quien, de forma bastante esclarecedora, se le conocía como el “Bukele mexicano”.
Como todos los casos de homicidio, el del Carlos Manzo es terrible. Lo es además, porque él representaba al poder político en Uruapan, y su muerte muestra la vulnerabilidad en la que están todos en ese municipio Si quien tiene a su disposición los elementos del estado para protegerle, que cuenta con reconocimiento social y apoyo, puede ser ultimado de esa manera, sería mucho más fácil que le pasara a cualquier otra persona. Y ese miedo, esa certeza, hace que se entienda todavía más la razón por la que el discurso punitivista del alcalde tiene tanto apoyo en la zona.
Esto sin embargo, debe llevar a una reflexión profunda. Porque como he dicho antes, como obviedad, el discurso punitivista no funciona. Está comprobado que no sólo no disminuye el crimen -no logra desincentivar ni asustar a los potenciales delincuentes, no impide la ejecución de delitos, no reduce la cantidad de delincuentes, ni mejora las condiciones para sancionar efectivamente los delitos denunciados- sino que además, aumenta y profundiza la descomposición social e inclusive, incentiva los delitos. Esto hace sentido; después de todo, el punitivismo exige que las autoridades realicen actividades delincuenciales, es decir que están prohibidas y castigadas en la ley.
Muchas y muchos deseamos que las condiciones en México cambien. Que cambien tanto, que este escenario de violencia y muerte que se ha vuelto nuestra realidad cotidiana, sea en el futuro inmediato, un recuerdo. Que la muerte de Carlos Manzo sea la última que una política equivocada provoca en nuestro país. Que este Carlos, sea el último Carlos que muera por el crimen organizado. Pero para ello, lo que necesitamos es también que haya menos personas siguiendo esa política en el gobierno. Porque así como no es verdad que el picante vuelva más violenta a las personas, tampoco lo es que las ejecuciones extrajudiciales, la eliminación de derechos o la venganza, sirvan para reducir los delitos.
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