Ya no hay muchas cosas nuevas que decir sobre la solicitud de detención a efectos de extradición del gobernador con licencia por el estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios, por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. El asunto, que se ha seguido de manera sistemática por todos los medios de comunicación, es ya de dominio público, y en estos momentos la gran mayoría de la gente tiene no sólo una opinión sobre el asunto sino incluso una opinión sobre lo que dicen los que piensan distinto a ellos.
A pesar de ello, no se trata de un tema que sea tan simple como algunas visiones pretenden. O no al menos, si asumimos una aproximación seria al asunto en concreto. Por un lado, los Estados Unidos son una potencia hegemónica mundial -aunque algunos asumen que cada vez menos- que tiene un control casi absoluto con muchas cuestiones que atañen a nuestro país. Lo sabemos: tenemos una economía que depende en gran medida de nuestro comercio con ellos; una gran parte de nuestra población nacional se encuentra en su territorio y muchas de nuestras actividades requieren, en mayor o menor medida, de nuestra interacción continua.
Esto, claro está, es una calle en dos sentidos, pues ni siquiera la enorme diferencia de poder -económico, militar, simbólico- hace que nuestro país se encuentre totalmente indefenso. Las relaciones sociales, incluso cuando son de dominio, nunca son unidireccionales, y cada uno de los elementos que he mencionado, tienen igualmente un correlato en sentido opuesto. Nuestro país ha sabido siempre esto, y no en pocas ocasiones, lo ha utilizado.
Hablar de extradiciones no es algo sencillo en ningún caso. Después de todo, debemos recordar que el derecho internacional moderno (en realidad no podemos decir con honestidad que exista otro) se construyó a partir de un nivel distinto que el derecho interno. En los múltiples derechos nacionales existentes, las personas jurídicas son entes ya individuales o colectivos, que se supeditan, incluso a veces involuntariamente, a la soberanía del estado. Pero en el derecho internacional, sujeto jurídico por excelencia, es precisamente ese estado soberano. Y él, para ser tal, no se supedita en realidad a ninguna otra figura. Si hablamos de la comunidad internacional, de los organismos e instituciones de derecho internacional, lo hacemos basándonos en el principio de buena fe de los estados para su cumplimiento.
Esta diferencia fue, en gran medida, la culpable de la caída de la Sociedad de Naciones durante la segunda guerra mundial. Ahora se presenta la idea de que los países descubrieron las atrocidades de régimen nazi al finalizar el conflicto, pero cualquiera que tenga conocimientos mínimos sobre éste, sabe que en no pocas ocasiones diversos países intentaron detener lo que sucedía por medio de esa organización. En una famosa reunión donde se le cuestionó al respecto, el infame enviado de Alemania, Joseph Goebbels respondió: “Somos un estado soberano. Hacemos lo que queremos en nuestros socialistas, con nuestros pacifistas, con nuestros judíos y no tenemos que soportar control alguno de la humanidad ni de la Sociedad de Naciones”
Debido a ello, uno de los componentes más importantes de la reconfiguración posterior fue la construcción de un entramado que respetando la idea de soberanía en que se basa la existencia de las reglas mismas del derecho internacional, permitiera colocar ciertos límites externos a ella. Lo que para algunos, resultaba un sinsentido. El problema de este nuevo acuerdo, es que desde el comienzo fue claro que como en otras ocasiones, los países poderosos rechazarían en cada ocasión esos límites, al mismo tiempo que obligarían al resto a respetarlos. Estados Unidos, los países centrales de Europa, la actual Rusia e incluso China, asumen que las reglas de derecho internacional son limitantes para el resto y voluntarias para ellos, y así lo hacen ver en cada momento que lo necesitan.
A pesar de ello, algunos países, como, reitero, el nuestro, han jugado más o menos con estos elementos, sabiendo que la protección, aunque mínima que ofrecen, es mucho mayor que el enfrentamiento directo. En eso, hemos sido especialistas, y lo hemos realizado no sólo en este momento histórico, sino desde nuestro comienzo como nación soberana. La extradición es un buen ejemplo.
El primer intento de realizar un acuerdo de extradición entre México y Estados Unidos, fue desechado por la negativa de nuestro país de integrar en él a los esclavos que lograban escapar de sus amos y que, por la ley de nuestro país, adquirían la libertad por el simple hecho de ingresar en nuestro territorio. La prohibición total de la esclavitud, algo que había sido uno de los pilares fundamentales de México, impidió que el tratado fuera formalizado, y no fue sino hasta décadas después, que gracias a una negociación que excluyó tanto a los exesclavos por un lado, como a los perseguidos por delitos políticos por otro, que se logró un acuerdo favorable a los intereses de nuestro país.
Para algunas personas, el asunto de la extradición de los funcionarios mencionados es algo exclusivamente jurídico y por lo tanto, simple. Si la solicitud cumple con las formalidades que se colocaron en el tratado correspondiente, debe entregarse lo que se ha solicitado. Cuando la discusión se coloca en este nivel, resulta interesante, pero en cierto sentido, también es superficial. Por ello en ninguno de los foros en que se realiza, alguna de las partes logra convencer a su interlocutor. Porque en el fondo, la discusión es mucho más profunda que solamente jurídica. O mejor dicho, porque lo exclusivamente jurídico no es algo exclusivamente normativo como se pretende, sino que tiene una dimensión política y filosófica que es obviada.
Por otra parte, hablar simplemente de soberanía en abstracto, tampoco ofrece elementos para una mejor discusión sobre el tema. Claro, todos sabemos que Estados Unidos no respeta los acuerdos. Que miente y traiciona cuando eso le conviene más que cumplir con su palabra y que asume una postura de excepcionalidad que le coloca por encima de cualquier tipo de recriminación. Lo sabemos porque hemos visto las reglas internas que sancionan a quienes acusen a funcionarios estadounidenses o al país mismo frente a tribunales internacionales; por la manera en que asumen la aplicación extraterritorial de sus normas jurídicas como algo evidente, por la forma en que utiliza su poder económico y militar cuando el derecho internacional no le da la razón, o por cómo siempre asume que los intereses nacionales de su propio país se encuentran como primer elemento a tomar en consideración por el mundo entero.
A pesar de ello, saber eso no significa, ni puede significar, una defensa abstracta de la soberanía nacional. Porque como he mencionado en esta columna, eso ha llevado al mundo en no pocas ocasiones, al abismo. Un abismo en que me temo, muchos otros nos llevan todo el tiempo: Estados Unidos, Israel, la OTAN entera…
En este sentido, mi maestro, el Doctor Oscar Correas, proponía siempre asumir una existencia doble de la soberanía. Por un lado, decía, debemos ver la dimensión formal de la soberanía. Es decir, la capacidad de las autoridades de un estado, de establecer las reglas en su territorio y tener la capacidad última (aunque no sea única) de violencia legítima en él. Por otro, una dimensión material de la soberanía que se refiere a que esas reglas y esa violencia respondan efectivamente a la voluntad del pueblo como garante de la soberanía nacional.
Separar así la idea de soberanía en dos dimensiones permite colocar limitaciones claras a ésta, que distan mucho de ser externas. El pueblo no puede estar a favor de exterminarse a sí mismo, ni siquiera parcialmente, porque haciéndolo, dejarían de ser el pueblo, para convertirse en un grupo. Y tampoco bastaría con que una norma dijera algo para que ese algo se considerara una decisión soberana. Tan sólo lo sería si efectivamente, respondiera a los intereses y deseos del soberano. Y no a lo que otros, ajenos a él, desearan o pensaran. Por mucho poder que tuvieran sobre nosotros. Un soldado y un guerrillero, enfrentados mutuamente en un conflicto interno, solía decir, pensarían cada uno que está defendiendo la soberanía. El soldado, se referiría a la aplicación de las reglas formales en el territorio, el segundo, a que esas reglas siguieran la voluntad del pueblo.
Por mi parte, asumo, como muchas otras personas, que al menos algo de las acusaciones contra los funcionarios de Sinaloa y sus vínculos con el crimen organizado, es verdad. Más aún, considero que en gran parte el hecho de que hayan podido llegar a esas posiciones, se debe en gran parte a ello. O quizá mejor dicho, que precisamente por ello, es que tuvieron la posibilidad de volverse funcionarios. No es algo que hable a nivel personal o individual de ellos, sino una situación estructural de nuestro país y por ello, creo que los candidatos perdedores de los otros partidos, están en esas mismas condiciones. No creo en los candidatos mágicos, ajenos a las condiciones de su entorno, aunque si considero que entre ellos, es siempre posible encontrar a alguien mejor que el resto. No creo, por cierto, como no lo hicieron tampoco los sinaloenses en su momento, que Rocha Moya haya sido eso. Tanto así, que como sabemos, él no fue quien ganó la encuesta interna para el puesto.
De esta forma, es necesario observar que debemos cuidar, sí, nuestra soberanía. Pero no como una fórmula vacía ni como refugio para quienes han hecho del poder público una extensión de intereses ajenos al pueblo. La soberanía no puede servir para proteger la impunidad, pero tampoco para obedecer sin más la voluntad de una potencia extranjera. Si ha de defenderse, debe hacerse en sus dos dimensiones: como independencia frente al poder externo y como responsabilidad frente al pueblo que le da sentido. Sólo así la soberanía deja de ser una consigna para volverse respeto a la voluntad popular.
